El Gobierno de Pedro Sánchez está tratando de evitar que la ley de amnistía entre en vigor antes del 9 de junio, día de las elecciones europeas, para impedir que los jueces puedan paralizarla. Una de las justificaciones es que la ley no puede publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que no se haya publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Sin embargo, hay leyes que se han publicado en el BOE sin pasar antes por el órgano del Congreso de los Diputados.
Según cuenta este sábado The Objective, el único plazo que debe cumplirse es el del artículo 91 de la Constitución, el cual establece que el Rey debe sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en un plazo de quince días y ordenará su inmediata publicación.
Ejemplos de leyes publicadas en el BOE antes que en el Boletín de las Cortes incluyen la Ley 2/2023, de protección a los informantes de infracciones normativas y lucha contra la corrupción, publicada en el BOE el 21 de febrero de 2023 y en el Boletín de las Cortes el 22 de febrero; y la Ley Orgánica 14/2022, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal, publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2022 y en el Boletín de las Cortes el 27 de diciembre de 2022.
Igualmente, la Ley de protección de los consumidores frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica se publicó en el BOE el 1 de marzo de 2022 y en el de las Cortes el 3 de marzo de 2022. Otros ejemplos incluyen la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, publicada en el BOE el 13 de julio de 2022 y en el de las Cortes el 14 de julio de 2022, y la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, publicada en el BOE el 9 de abril de 2022 y en el de las Cortes el 13 de abril de 2022.
A pesar de que lo habitual es que las normas aprobadas se publiquen en el BOE al día siguiente, el Gobierno planea retrasar esta publicación hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio. Este retraso, según el Gobierno, es necesario para esperar la publicación en el Boletín de las Cortes Generales, lo cual suele llevar una semana.
Las maniobras del Ejecutivo se conocen después de que los fiscales del Tribunal Supremo comunicaran al fiscal general del Estado que la amnistía no es aplicable para los procesados por malversación, como Carles Puigdemont y otros, quienes planean regresar a España entre junio y agosto de 2024.
Una de las primeras acciones esperadas tras la entrada en vigor de la amnistía es la reactivación de las órdenes de detención a los fugados del golpe separatista por parte del juez Pablo Llarena. Los fiscales del 1-O han adelantado que pedirán a Llarena que no levante la detención de los prófugos y que consulte a la Justicia europea sobre cómo proceder.
