Lo habitual cuando se aprueba una ley es que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente de su aprobación, pero el Gobierno ha decidido posponer la publicación de la amnistía hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio.
Este retraso busca impedir que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en plena campaña electoral europea, detalla este viernes The Objective.
El Gobierno asegura que el retraso se debe a la necesidad de esperar a la publicación de la norma en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), lo cual suele tardar aproximadamente una semana. Después de este periodo, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes envía el texto a la Presidencia del Gobierno, que debe remitirlo al Palacio de la Zarzuela para ser sancionado por el Rey Felipe VI dentro de un plazo máximo de 15 días desde su aprobación en las Cortes.
Una vez que Zarzuela sancione la Ley de Amnistía, la norma regresa a Relaciones con las Cortes, dependiente de la Presidencia del Gobierno, que ordena su publicación en el BOE. En el caso de los decretos ley, este proceso se realiza en 24 horas debido a su carácter urgente, que requiere convalidación en el Congreso en un mes. Sin embargo, las proposiciones y proyectos de ley suelen tardar unos días más. Aunque fuentes socialistas aseguran que ninguna ley se publica al día siguiente en el BOE, fuentes parlamentarias indican que suele ser entre 24-48 horas y no una semana o diez días.
En privado, asegura The Objective, el Gobierno admite que el Tribunal Supremo, especialmente la sala presidida por el magistrado Manuel Marchena, actuará rápidamente contra las medidas de gracia y podría influir en otros jueces para que presenten recursos en instancias europeas. El Ejecutivo se prepara para una «guerra judicial», que también incluye investigaciones contra miembros del Gobierno y sus familiares, como la que involucra a la esposa del presidente, Begoña Gómez.
Esta estrategia del Ejecutivo se ha conocido después de que los fiscales del Tribunal Supremo, que actuaron en el juicio del 1-O, informaran al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la amnistía no es aplicable a los fugados y procesados por malversación, como Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, quienes planean regresar a España entre junio y agosto de 2024. Una de las primeras acciones tras la entrada en vigor de la amnistía sería la reactivación de las órdenes de detención de los prófugos del procés por parte del juez Pablo Llarena. Los fiscales del 1-O han adelantado que pedirán a Llarena que no levante las órdenes de detención y que consulte a la Justicia europea sobre cómo proceder. Aunque la Ley de Amnistía aún no ha desplegado sus efectos, el poder judicial ya ha comenzado a responder, actuando como contrapeso al poder ejecutivo y legislativo.
