El Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado a reclamar la devolución de ayudas por cese de actividad a 45.357 autónomos que las recibieron durante la pandemia, tras determinar que no cumplían los requisitos legales para acceder a ellas. Esta medida afecta incluso a los herederos de trabajadores autónomos que han fallecido, quienes ahora estarán obligados a restituir los fondos otorgados, según han informado fuentes del sector al portal OkDiario.
El origen del problema radica en la gestión inicial de las ayudas, que fueron otorgadas sin verificar si los solicitantes cumplían las condiciones necesarias. Durante el periodo de emergencia sanitaria, la Seguridad Social distribuyó estas prestaciones de manera masiva para atender la crisis económica, pero lo hizo sin confirmar previamente el cumplimiento de los criterios legales. Como resultado, ahora los afectados deben devolver las cantidades percibidas, incluso si ya han cerrado su actividad o tributado por esos ingresos a Hacienda.
La confusión generada por la compleja normativa contribuyó a esta situación. Entre 2020 y 2023, se emitieron hasta siete decretos distintos para regular estas ayudas, creando incertidumbre entre los autónomos, quienes en muchos casos solicitaron las prestaciones sin conocer con precisión si tenían derecho a ellas. Esto ha dejado a numerosas familias en una situación insólita, viéndose obligadas a devolver ayudas económicas que consideraban legítimas en medio de la crisis.
El Tribunal de Cuentas ha criticado duramente la gestión de estas ayudas por parte del Ejecutivo, calificándola como «poco clara e imprecisa». Según el organismo, la normativa carecía de previsiones adecuadas para aspectos fundamentales, como las causas de extinción del derecho o las condiciones para su nacimiento. Estas carencias han derivado en un desorden administrativo que ahora obliga a Hacienda a revisar las declaraciones fiscales de varios años para subsanar el problema.
A pesar de las críticas, el Gobierno mantiene su posición y exige la devolución de los fondos. Esto significa que muchos autónomos tendrán que reembolsar cantidades que ya han tributado, lo que añade una carga financiera adicional. Este proceso se convierte en un doble perjuicio para los afectados, quienes no solo deben devolver el dinero recibido, sino que también enfrentan la necesidad de ajustar sus declaraciones fiscales previas.
La situación refleja, según fuentes expertas, una gestión apresurada y falta de previsión en la administración de las ayudas durante la pandemia, dejando a miles de trabajadores por cuenta propia en una posición de vulnerabilidad económica. La devolución forzosa de estas prestaciones ha generado indignación entre los autónomos y sus familias, quienes denuncian la falta de claridad y apoyo en un momento ya de por sí crítico para su estabilidad financiera.
