Las dilaciones en los casos de corrupción que acosan al PSOE se han convertido en el día a día de prácticamente todos los miembros del Gobierno. Las defensas de figuras como Begoña Gómez (esposa de Sánchez), Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos o Santos Cerdán recurren constantemente a maniobras procesales para ralentizar las causas que los afectan. Esta táctica de alargar los plazos se ha vuelto una constante, aunque no responde únicamente a iniciativas particulares de los investigados, sino también a un plan orquestado desde el propio Palacio de la Moncloa, según avanza Libertad Digital.

El objetivo de ese plan pasa por sacar adelante la conocida como Ley Bolaños, una reforma diseñada para transferir las investigaciones judiciales a la Fiscalía, dirigida por Álvaro García Ortiz, quien también se encuentra bajo la condición de imputado. La aplicación de esta norma permitiría a Pedro Sánchez blindar a su entorno más cercano, incluido el de su esposa, así como a ex altos cargos socialistas y responsables de empresas públicas implicados en diferentes sumarios.

Sin embargo, el Gobierno se ha encontrado con un contratiempo inesperado: Junts ha decidido bloquear esta reforma por entender que supone un intento descarado de controlar la Justicia desde el Ejecutivo. Para los independentistas catalanes, ceder en esta cuestión equivaldría a permitir que un partido del «régimen» manipule las instituciones a su conveniencia. Además, subrayan que, en caso de un futuro gobierno de derechas, esa misma estructura judicial podría ser utilizada en contra de ellos, lo que consideran una amenaza evidente.

Junts ha presentado un total de 31 enmiendas con condiciones muy concretas. Entre las más destacadas figura la eliminación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla la suspensión de cargos públicos acusados de terrorismo o rebelión incluso antes de que recaiga sentencia. Otra de sus exigencias es la desaparición de la Audiencia Nacional, cuyas competencias quieren repartir entre los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma.

La formación de Carles Puigdemont también reclama la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña que sustituya, en el ámbito autonómico, al actual Consejo General del Poder Judicial. Esta demanda ya fue rechazada en su día por el Tribunal Constitucional durante la tramitación del Estatuto, pero ahora vuelve a ponerse sobre la mesa como condición indispensable para negociar.

Además, los independentistas se oponen frontalmente a dos disposiciones clave de la reforma impulsada por el ministro Bolaños. La primera contempla un procedimiento extraordinario de acceso a la judicatura mediante un sistema de concurso-oposición menos exigente que el actual y con mayor intervención de un centro público de preparación controlado por el propio Gobierno. Junts denuncia que este modelo no asegura igualdad de oportunidades ni las mismas garantías que la oposición libre.

El segundo punto de fricción se refiere a los artículos 306 y 313 de la Ley Bolaños, que abren la puerta a la entrada de juristas externos en la carrera judicial a través de vías excepcionales. Los catalanes consideran que este mecanismo facilitaría la selección de perfiles próximos a la mayoría política de turno, comprometiendo los principios de mérito y capacidad que deberían regir en el acceso a la Justicia.