El Pacto Nacional del Agua, diseñado para actualizar el Plan Hidrológico Nacional y abordar de manera integral la gestión hídrica y el riesgo de inundaciones, quedó truncado en 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Este acuerdo, impulsado inicialmente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, buscaba garantizar una política de estado consensuada y sostenible que protegiera a las personas, los bienes y el medio ambiente frente a fenómenos climáticos extremos como la DANA que devastó la cuenca del Júcar el pasado 29 de octubre, según informa Abc.
Los trabajos para este pacto habían alcanzado un estado avanzado bajo el mandato de Rajoy, quien lo marcó como una prioridad en 2017. El plan incluía 56 puntos de acción, divididos en cuatro ejes clave: resolver déficits hídricos con un enfoque en infraestructuras, cumplir con objetivos medioambientales, implementar planes de gestión del riesgo de inundaciones y mejorar la gobernanza en la gestión del agua. Entre las actuaciones previstas destacaban obras fundamentales en la cuenca del Júcar, como la restitución de cauces naturales en barrancos del Poyo, Torrente y Chiva, o la modernización de canales en el campo del Turia, todas ellas dirigidas a reducir el impacto de futuras inundaciones.
Sin embargo, el cambio de Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy paralizó estas negociaciones. A pesar de que el propio Pedro Sánchez había considerado viable el pacto en enero de 2018, y su designado negociador, Hugo Alfonso Morán, mantuvo reuniones con Isabel García Tejerina, entonces ministra de Agricultura y Medio Ambiente, el proyecto quedó en el olvido al asumir el cargo la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Aunque Ribera mantuvo a Morán como secretario de Estado de Medio Ambiente, las conversaciones quedaron abruptamente suspendidas y no se han retomado desde entonces, pese a las solicitudes de los líderes del PP, primero Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo.
El objetivo de Rajoy con este pacto era evitar que el Plan Hidrológico Nacional, aprobado inicialmente en 2001, se viera sometido a los vaivenes políticos, como ya ocurrió durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, quien paralizó o revirtió proyectos estratégicos en la materia. Esta misma semana, José María Aznar recordó que en el anexo 2 de aquel plan se incluían inversiones clave para la cuenca del Júcar, las cuales habrían podido mitigar el impacto de la reciente DANA si se hubieran ejecutado. Entre ellas, figuraban la reparación de canales y la adaptación de cauces, acciones que nunca llegaron a materializarse.
La falta de un acuerdo nacional sobre el agua, sumada a la ausencia de coordinación entre administraciones, resultó determinante para que el balance de la DANA fuera tan trágico. También impidió que se ejecutaran grandes obras de drenaje, como las necesarias en la cuenca del Poyo, bloqueadas por legislaciones autonómicas. Mientras tanto, la directiva europea que exige planes de gestión del riesgo de inundaciones sigue sin aplicarse de forma adecuada en España, dejando al país expuesto a eventos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes.
El Pacto Nacional del Agua representaba una oportunidad para desarrollar una política hídrica sostenible y coordinada entre todas las administraciones públicas y la sociedad. Su abandono ha dejado un vacío en la gestión de recursos hídricos que se ha vuelto especialmente evidente ante los desastres climáticos recientes.
