El Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado con entusiasmo la última clasificación de calidad democrática elaborada por The Economist, que sitúa a España entre las denominadas democracias plenas en 2025. Sin embargo, el dato llega acompañado de un contexto menos favorable: el país ha perdido posiciones en el ranking desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018 y diversos organismos internacionales coinciden en señalar un deterioro progresivo del sistema.
El presidente del Gobierno defendió en redes sociales la evolución del país y aseguró que «España mejora aún más su puntuación respecto al año anterior y se consolida como una de las democracias más plenas del mundo». En la misma línea, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostuvo en el Congreso que los indicadores reflejan «una mejora muy clara».
Más allá de la lectura del Ejecutivo, los principales índices internacionales dibujan un escenario más complejo. Aunque España sigue integrada en el grupo de democracias avanzadas, varios informes advierten de una erosión sostenida en los últimos años.
En el caso de The Economist, España fue degradada en 2021 al grupo de democracias defectuosas. Desde entonces ha recuperado puntuación tras la pandemia, pero todavía se mantiene por debajo de niveles registrados antes de 2019.
El informe de Freedom House correspondiente a 2026 mantiene a España como país «libre» con una puntuación de 91, un punto más que el año anterior pero cuatro menos que en 2018. El organismo señala una pérdida en derechos políticos y libertades civiles y advierte de «preocupación» por la corrupción política. También alerta de que la legislación reciente puede suponer «una amenaza» para libertades como la de expresión y reunión, y subraya el desafío que el independentismo catalán plantea al sistema constitucional.
Por su parte, el instituto V-Dem, con sede en la Universidad de Gotemburgo, mantiene a España dentro del grupo de democracias liberales, pero constata un retroceso de 0,07 puntos en su índice. Aunque el país no figura entre los casos más graves de autocratización, el organismo considera que el deterioro no puede atribuirse a una mera variación estadística y sí aprecia un riesgo real en la evolución reciente.
También el informe de IDEA International recoge un empeoramiento en aspectos clave. España pierde puntuación en derechos y en Estado de derecho, y el organismo advierte de un deterioro de la independencia judicial entre 2019 y 2024, así como de un «menoscabo notable» en la aplicación previsible de la ley.
A estas conclusiones se suma el análisis de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, que sitúa la calidad democrática española en un 6,4 sobre 10. El informe detecta un estancamiento general, un empeoramiento en la percepción de la corrupción y problemas estructurales como la influencia del poder económico en la política, la limitada independencia de los medios y la dificultad de los ciudadanos para acceder a sus representantes.
El contraste entre el discurso del Gobierno y el contenido de los informes refleja el debate de fondo: España mantiene estándares elevados en comparación internacional, pero acumula señales de desgaste institucional que distintos organismos llevan años señalando.
