El representante de Sortu y sanguinario etarra José Antonio López Ruiz, ‘Kubati’, fue condenado a penas que sumaban 1.210 años de cárcel, pero sólo cumplió 26.
El representante de Sortu y sanguinario etarra José Antonio López Ruiz, ‘Kubati’, condenado a penas que suman 1.210 años de cárcel, de los que cumplió 26 años por su participación en 13 asesinatos consumados y 16 frustrados, ha asegurado que el colectivo de presos de la organización terrorista (EPPK) mantendrá las «líneas rojas» de «no arrepentimiento y no delación» que fijó al inicio del proceso de su debate interno.
López Ruiz ha comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián, acompañado por Oihana Garmendia, portavoces ambos de la comisión de presos de Sortu. Ha indicado que el EPPK «mantiene» las «líneas rojas» de «no arrepentimiento y no delación» que marcó al inicio del proceso de debate o, al menos, no ha comunicado lo contrario.
Además, ha señalado que «la legislación no dice nada de arrepentimiento» y que «no se puede pedir solamente a una parte que haga una serie de ejercicios que la otra parte no quiere asumir».
Así, ha querido transmitir un «mensaje positivo» ya que «el futuro irá indicando cuáles son los caminos por los que nos tenemos que mover» y ha apostado por articular un «consenso» para tratar este tipo de «cuestiones».
Los representantes de Sortu han valorado además que el documento en el que se apuesta por aceptar vías legales individuales para lograr la excarcelación haya sido «mayoritariamente apoyado -73,4 %- por los presos etarras». «El hecho de que tres cuartas partes hayan suscrito como válido el documento es un aval indiscutible. Es obvio que el colectivo ha sabido resituarse en las nuevas condiciones sociopolíticas», ha añadido.
En su opinión, «los datos» demuestran que «la unidad del colectivo es grande» y que «los criterios en los que se mueven gozan de amplio consenso entre sus miembros teniendo en cuenta que los votos han sido nominales».
Los representantes batasunos han expresado asimismo su convencimiento de los presos etarras necesitan «el acompañamiento de la sociedad» para denunciar la aplicación de las, a su juicio, «leyes de excepción».
