Las investigaciones de la UCO apuntan a más de una trama de presunta corrupción en el amaño de obras públicas, con indicios que involucran a altos cargos del PSOE y a figuras con peso específico dentro del aparato gubernamental. Las grabaciones interceptadas muestran cómo el entorno de Koldo García Izaguirre —ya implicado en otros casos— expresa su malestar por la intromisión de Pepe Blanco en ciertas adjudicaciones, especialmente por el volumen de contratos que se le habrían facilitado.
Uno de los puntos clave que ha reforzado las sospechas es la aparición de valoraciones técnicas sospechosamente dispares entre empresas que compiten por los mismos contratos públicos. En varios casos, compañías con experiencia sólida obtenían puntuaciones significativamente más bajas que otras sin trayectoria comparable, lo que ha llevado a los agentes a pensar en la manipulación deliberada de los criterios más subjetivos de adjudicación. Todo esto, según los investigadores, podría obedecer a la existencia de varias redes paralelas, que incluso llegaron a competir entre sí por el control de los recursos.
Esta hipótesis encuentra respaldo en algunas conversaciones registradas por los cuerpos de seguridad. En ellas, incluso se hace referencia entre los implicados a distintas «ganaderías», en alusión a los grupos de empresas apadrinadas por distintos sectores de la presunta trama. En una de esas charlas, Cerdán habría reprochado a Ábalos y a Koldo la influencia creciente de Blanco, que según varios interlocutores estaría introduciendo compañías propias en el reparto de obras.
Las palabras de Santos Cerdán ante el juez fueron especialmente reveladoras. Durante su declaración —previa a su ingreso en prisión—, y en respuesta a una pregunta de su abogado, reconoció sin ambages que Pepe Blanco había sugerido nombres para ocupar puestos clave. Según su versión, al llegar al poder es habitual revisar perfiles técnicos y políticos afines, y en este proceso Blanco habría hecho llegar propuestas tanto a Ábalos como al propio Cerdán, quienes a su vez los trasladaban a los ministerios correspondientes para su validación.
Aunque presentado como parte del funcionamiento normal de un gobierno, el contexto sugiere que estos nombramientos habrían tenido un papel relevante en la manipulación de procesos administrativos. En palabras de Cerdán, «si la gente a tu alrededor no comparte tu proyecto político, luego resulta que está caducado el DIA y no se pueden sacar adelante los proyectos», lo que justificaría —según él— la necesidad de contar con personas «comprometidas» con la línea del partido.
De fondo, los investigadores han detectado hasta 68 millones de euros en ampliaciones de contratos adjudicados por Adif, cuya naturaleza y justificación están siendo ahora objeto de escrutinio. Parte de esas ampliaciones podrían haber servido para cubrir comisiones ilegales, en función de las pruebas que la Guardia Civil ha ido recopilando.
El caso de Víctor de Aldama también apunta en esa dirección. Este empresario habría denunciado que Santos Cerdán no logró colocar a su empresa patrocinada en una obra concreta, motivo por el cual se le habrían abonado 15.000 euros en concepto de «compensación».
En medio de este complejo escenario, Pepe Blanco aparece como figura de enlace clave, respaldado por su peso político en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y, al parecer, con el visto bueno de Pedro Sánchez para mediar en la configuración de estructuras administrativas. Lo que aún está por determinar es si esa influencia fue simplemente política o si se utilizó como canal para operar adjudicaciones de forma irregular.
Todo apunta a que lo descubierto hasta ahora sólo representa la superficie de una trama de presunta corrupción que podría ser más extensa de lo que inicialmente se pensaba.
