La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias ante un nuevo caso de mordidas ilegales en la venta de mascarillas y demás material sanitario durante los peores meses de la pandemia. Escobillones, guantes de nitrilo, batas y mascarillas forman parte de una serie de contratos millonarios que el entonces presidente de Canarias y actual ministro del Gobierno, Ángel Víctor Torres, adjudicó a dos sociedades mercantiles ahora investigadas por la Fiscalía.

Tras una denuncia realizada por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT, la justicia canaria ha puesto el foco en la trama de material sanitario en el archipiélago, también involucrada en la red de comisiones ilegales liderada por Koldo García y Víctor de Aldama y en la que se han visto salpicados José Luis Ábalos, Pedro Sánchez, Francina Armengol y hasta la mujer del presidente, Begoña Gómez.

En estas nuevas diligencias de la Fiscalía, son cuatro los empresarios afectados, entre ellos Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Los cuatro están investigados por delitos de blanqueo de capitales, malversación y contra la Hacienda Pública. Según las primeras investigaciones, la venta de mascarillas por valor de 22,8 millones de euros les permitió morder entre nueve y diez millones en comisiones.

En el foco de la Fiscalía, dos sociedades mercantiles: ‘Tanoja Services, SL’ y ‘Damco Trading Services, SA’. Ubicadas en Madrid, las dos empresas recibieron contratos millonarios del Gobierno canario a través del Servicio Canario de Salud cuando Ángel Víctor Torres, actual ministro, era presidente. Los contratos, ahora publicados en prensa, hacen referencia a la compra de este millonario material sanitario por la tramitación de emergencias.

Años después se ha sabido que los contratos que valieron mordidas de casi diez millones de euros tenían errores: «Detectado error material en la factura proforma que se adjuntaba a dicho pedido se procede a su subsanación y donde dice 50% del pago en pedido, debe decir 50% del pago a los 20 días después de aceptación del mismo, manteniendo como fecha de aceptación del pedido el 18 de junio de 2020». Estos errores han hecho intuir a la Fiscalía que las cantidades pagadas por el Gobierno canario fueron finalmente transferidas a otras mercantiles.