El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cobró 200.000 euros en 2024 de una extraña empresa llamada Focus Social Research SAC, una sociedad peruana que ha adquirido relevancia en la investigación judicial que dirige la Audiencia Nacional sobre sus actividades internacionales y sus presuntas relaciones con diversos negocios en Iberoamérica.
Durante su declaración ante el juez José Luis Calama la pasada semana avanzada por El Confidencial, Zapatero reconoció haber percibido esa cantidad económica. Sin embargo, cuando el magistrado le solicitó explicaciones detalladas sobre los servicios que justificaban el pago, el exlíder socialista se limitó a señalar que se trataba de labores de asesoramiento y optó por no profundizar en el contenido concreto de dichos trabajos.
La empresa que efectuó los pagos fue constituida en Lima en 2019 y está vinculada al consultor peruano Mariano Uldarico Martín Carranza Gonzales. Aunque desarrolla actividad académica como profesor universitario, Carranza ha mantenido durante años una intensa trayectoria en el ámbito de la consultoría empresarial y las relaciones institucionales, especialmente en sectores ligados a la inversión extranjera.
Su historial profesional revela una estrecha vinculación con la industria minera, uno de los motores económicos de Perú. Antes de crear Focus Social Research SAC, participó en despachos y firmas especializadas en asesorar a compañías internacionales interesadas en explotar recursos minerales en el país andino. También trabajó anteriormente para importantes grupos del sector extractivo.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó que la sociedad peruana transfirió un total de 200.000 euros a una cuenta bancaria compartida por Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa. Los fondos llegaron mediante tres facturas emitidas a lo largo de 2024, según la documentación incorporada a la causa.
Los investigadores consideran especialmente relevante la coincidencia temporal entre esos pagos y determinados movimientos empresariales protagonizados por Carranza. Durante ese mismo año, el empresario obtuvo una concesión minera de 500 hectáreas en la región peruana de Puno, una zona estratégica por la riqueza de sus recursos naturales y por el creciente interés que despierta entre inversores internacionales.
El terreno concedido se encuentra en el distrito de Muñani, dentro de una de las áreas con mayor actividad minera del país. Aunque la región destaca por la producción de estaño, también alberga importantes reservas de oro, plata, cobre, zinc, plomo y otros minerales de elevado valor económico.
Posteriormente, según los registros oficiales peruanos, los derechos de explotación de esos terrenos pasaron a manos de una sociedad especializada precisamente en actividades relacionadas con el oro y la plata. La operación incluyó además otra parcela colindante de unas 700 hectáreas.
Para los investigadores, estas circunstancias adquieren relevancia dentro de una causa en la que se analiza si Zapatero utilizó su red de contactos internacionales para facilitar operaciones empresariales de gran valor económico. En resoluciones anteriores, el juez instructor ya señaló indicios relacionados con supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
Las pesquisas apuntan a que el expresidente habría desempeñado funciones de intermediación en distintos negocios vinculados a materias primas, recursos energéticos, compraventa de activos y operaciones financieras desarrolladas en varios países. Entre ellos figuran especialmente Venezuela y otras naciones iberoamericanas.
La investigación también examina el papel de Zapatero como posible facilitador de contactos entre inversores, empresas y responsables políticos de diferentes gobiernos de la región. Los agentes consideran que su influencia institucional y sus relaciones internacionales le permitían acceder a círculos de decisión estratégicos para determinadas operaciones económicas.
En este contexto, Perú aparece como una nueva pieza dentro de un entramado más amplio que la Audiencia Nacional continúa analizando. La importancia geopolítica de los recursos minerales, el creciente interés de potencias como China por asegurar suministros estratégicos y la coincidencia temporal entre determinados movimientos empresariales y los pagos recibidos por Zapatero han convertido esta línea de investigación en uno de los focos principales de la causa.
Por ahora, una de las preguntas que sigue sin respuesta clara es cuál fue exactamente el trabajo realizado por el expresidente para justificar los 200.000 euros abonados por Focus Social Research SAC, una cuestión sobre la que el juez insistió durante el interrogatorio sin obtener explicaciones detalladas.
