Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a LA GACETA que se ha producido un segundo cese tras el de la funcionaria que informó del número de inmigrantes ilegales que habían accedido a Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio. En esta ocasión, el afectado sería un agente del Instituto Armado que ejercía como enlace con el Departamento de Seguridad Nacional y que mantenía una estrecha relación profesional con la trabajadora apartada.

Según las fuentes consultadas, el guardia civil desempeñaba sus funciones en el entorno de la Delegación del Gobierno en Ceuta y se encargaba de trasladar información de seguridad al organismo dependiente de Presidencia del Gobierno. Las mismas fuentes lo definen como la «mano derecha» de la funcionaria cesada y señalan que era una de las personas que le proporcionaba los datos sobre la situación en la ciudad autónoma.

El agente habría quedado ahora en situación de disponible y sin destino, aunque las fuentes no han precisado la denominación administrativa exacta de la medida ni la identidad de la persona que la ordenó. Su apartamiento se habría producido después de que fuera sustituida la responsable que publicó la información relativa al volumen de entradas irregulares registradas durante la invasión fronteriza.

La primera destitución tuvo lugar después de que la página del Departamento de Seguridad Nacional difundiera una cifra de 49.000 inmigrantes ilegales llegados a Ceuta en apenas 24 horas. Aquella información fue retirada posteriormente y la funcionaria responsable de su publicación quedó apartada de su puesto de manera inmediata.

Las fuentes de la Guardia Civil sostienen que el segundo cese estaría relacionado con el origen de aquellos datos. De acuerdo con su versión, el agente habría sido identificado como uno de los responsables de trasladar a Seguridad Nacional las estimaciones recabadas en Ceuta durante las horas posteriores a la entrada masiva.

El nuevo movimiento aumenta las sospechas entre miembros del Instituto Armado sobre una posible depuración de quienes facilitaron información que contradecía las cifras ofrecidas inicialmente por el Gobierno. No obstante, las fuentes consultadas insisten en que todavía debe aclararse cuál es la situación administrativa concreta del agente y si su pérdida de destino está vinculada formalmente a la publicación de los datos.