El 41% cree que las elecciones generales se adelantarán al primer trimestre de 2027
Seis de cada diez españoles califican de «desastrosa», «corrupta» o «fraudulenta» la legislatura de Sánchez
Seis de cada diez españoles califican de «desastrosa», «corrupta» o «fraudulenta» la legislatura de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la rueda de prensa en el Complejo de la Moncloa.
Por LGI
28 de julio de 2026

La legislatura de Pedro Sánchez entra en su recta final con un profundo desgaste ante la opinión pública. Seis de cada diez españoles definen de forma negativa los últimos tres años de Gobierno, mientras que sólo un 12% considera que el mandato ha sido bueno, positivo o competente, según el barómetro elaborado por Sigma Dos para El Mundo.

La sensación de agotamiento también se refleja en las previsiones electorales. Aunque todavía falta un año para alcanzar el límite de la legislatura, un 41% de los ciudadanos cree que Sánchez adelantará las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Las respuestas espontáneas de los encuestados ofrecen un balance demoledor para el Ejecutivo. Un 30,3% califica la legislatura de «desastrosa, nefasta o ruinosa»; un 14,8% la considera «corrupta o delictiva»; un 6,7% la define como «caótica, inestable o confusa»; un 4,9% como «mala, decepcionante o preocupante» y un 3,6% como «engañosa, fraudulenta o mentirosa».

Frente a este rechazo, apenas un 12% emplea términos positivos para valorar la actuación del Gobierno. Además, un 31% de los españoles no es capaz de reconocer ningún logro al Ejecutivo durante los tres últimos años.

La encuesta refleja así el desgaste de un mandato marcado por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno, la debilidad parlamentaria y las concesiones realizadas a los partidos separatistas para sostener a Sánchez en La Moncloa.

El presidente del Gobierno ya anticipó durante su discurso de investidura una legislatura basada en la confrontación al anunciar que levantaría un «muro» frente al PP y VOX. Desde entonces, el Ejecutivo ha dependido de Junts, ERC, Bildu, PNV y el resto de sus socios para sacar adelante sus iniciativas.

La amnistía, la medida más rechazada

La ley de amnistía aprobada para borrar los delitos cometidos durante el golpe separatista en Cataluña aparece como la decisión peor valorada del Gobierno. Un 59,8% de los ciudadanos la considera mala o muy mala. El rechazo alcanza incluso al 41% de los votantes socialistas.

La medida fue la principal exigencia impuesta por Junts para entregar a Sánchez los siete votos que necesitaba para continuar en La Moncloa. El dirigente socialista había descartado la amnistía antes de las elecciones, pero cambió de posición después de comprobar que dependía de Carles Puigdemont para ser investido.

Los datos muestran que el rechazo a la legislatura no se limita a los votantes del PP y VOX. Entre los electores del PSOE, un 13,9% califica el mandato de desastroso y un 8,1% lo considera corrupto. Los votantes de Sumar son todavía más críticos con la gestión: un 20,5% la define como nefasta y un 3,2% como corrupta.

Los simpatizantes de los dos partidos del Gobierno que ofrecen una valoración favorable destacan su capacidad de «resistencia» frente al supuesto acoso de la oposición. Uno de cada diez votantes de PSOE y Sumar describe, además, la legislatura como «difícil y condicionada», en referencia a la fragmentación parlamentaria y a la dependencia de los separatistas.

La corrupción, principal lastre del Ejecutivo

La corrupción aparece como el principal problema que ha afrontado el Gobierno durante la legislatura. Así lo considera un 39,3% de los encuestados, entre ellos un 27% de los votantes de PSOE y Sumar.

También es la crítica más repetida contra el Ejecutivo, mencionada por un 27,8% de los ciudadanos. En este apartado, los votantes socialistas son incluso más duros que la media: un 33,3% señala la corrupción como el mayor reproche a la actuación del Gobierno.

Por el contrario, sólo un 3,8% cita la vivienda como el principal reto del mandato, pese al encarecimiento de los alquileres y a las dificultades de acceso que afectan a amplias capas de la población.

La encuesta también revela que los ciudadanos diferencian entre las distintas medidas aprobadas durante la legislatura. Un 78,3% respalda la subida del salario mínimo. También reciben un apoyo mayoritario la reforma del artículo 49 de la Constitución, pactada con el PP, y la ley contra la multirreincidencia delictiva impulsada por Junts y los populares.

El reconocimiento del Estado palestino y el bloqueo de la compraventa de armas a Israel obtienen igualmente una valoración favorable. En cambio, la mayoría rechaza la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña y la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno.

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