El Parlament ha rechazado poner en marcha el reloj de dos meses como fecha límite para la investidura del presidente de la Generalitat como habían propuesto los grupos de Ciudadanos, PSC-Units per avançar y PPC, así como una referencia a actuar dentro de la ley y con respeto a todos los diputados.
Durante el primer pleno de la nueva legislatura catalana, celebrado este jueves, estos tres grupos parlamentarios pretendían activar ya el reloj para la investidura, fijado en dos meses como máximo a partir de un pleno de investidura -aún no celebrado desde el 21D-, para acabar con la «parálisis institucional».
Pero las propuestas de Cs, PSC y PPC no han prosperado, ya que las fuerzas independentistas -Junts per Catalunya, ERC y la CUP- han votado en contra.
«Debe terminar la situación de bloqueo de la investidura a la presidencia de la Generalitat» y el presidente del Parlament tiene que «arbitrar los mecanismos necesarios» de forma «inmediata» para que esta pueda abordarse de acuerdo a lo que establece la Constitución y el Estatut, reclamaba la iniciativa de Ciudadanos.
Además, la formación naranja buscaba en su propuesta de resolución una denuncia expresa al «intento de patrimonialización de las instituciones» y a la parálisis de las mismas por parte de los partidos separatistas, que también ha sido rechazada.
Rechazan acatar el ordenamiento jurídico
Tanto Ciudadanos como el PSC hacían referencia en sus respectivas propuestas de resolución al funcionamiento del Parlament y a sus órganos rectores, apelando al respeto a la ley y a los derechos de todos los diputados, aunque tampoco han prosperado.
Así, la de la formación naranja pedía el acatamiento al ordenamiento jurídico, reivindicaba el «buen funcionamiento democrático» de esta institución y el respeto a los derechos de todos los diputados y grupos parlamentarios, mientras que la del PSC defendía asimismo garantizar «nuestras libertades frente a la arbitrariedad».
La propuesta de resolución de los socialistas catalanes planteaba también que la formación de un gobierno de la Generalitat supusiese el «levantamiento de las medidas» del 155, un gobierno estable dentro del marco constitucional y del Estatut, para poder «restablecer urgentemente el normal funcionamiento del autogobierno», iniciativa que de nuevo los independentistas han tumbado.
Este grupo proponía también la «necesaria normalización» de las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y el Govern, y apelaba al diálogo, la negociación y el pacto para lograr una «solución satisfactoria capaz de conseguir el apoyo de grandes mayorías», que tampoco ha prosperado.
Respecto al PPC, su propuesta instaba a que la cámara catalana declarase «abierto el plazo de dos meses», tal como establece la Ley de Presidencia de la Generalitat y del Govern.
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