Dos separatistas catalanes han impulsado en los últimos meses Tenim llengua, una herramienta digital para identificar comercios que usan el catalán, una iniciativa que cuenta con el asesoramiento de Plataforma per la Llengua (PxL), entidad que se define como «ONG del catalán».

Según publica El Debate, el proyecto funciona mediante un mapa interactivo en el que los usuarios pueden consultar establecimientos y dejar comentarios o valoraciones sobre el uso de la lengua catalana en los negocios. La plataforma pretende distinguir así a los comercios que, a juicio de sus usuarios, ofrecen una atención adecuada en catalán.

Sin embargo, la iniciativa también contempla señalar a aquellos establecimientos que no cumplan con los criterios lingüísticos defendidos por los separatistas y facilitar que puedan ser objeto de denuncias ante la Generalitat, que podría abrir expedientes sancionadores.

El coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, explicó a El Món que el denominado consumo estratégico también consiste en «penalizar a quien no lo hace lo suficientemente bien», en referencia al comportamiento lingüístico de los establecimientos.

Tenim llengua recupera, en este sentido, parte del planteamiento de la antigua campaña Consumo Estratégico, promovida por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y clausurada en 2020 después de que un juzgado ordenara su cierre a raíz de una denuncia presentada por la patronal Foment del Treball, que consideraba que la iniciativa constituía un acto de boicot.

Los responsables de Tenim llengua reconocen que existe la posibilidad de que el proyecto pueda ser objeto de acciones legales, aunque sostienen que no observan base jurídica para considerar que la herramienta pueda incurrir en alguna irregularidad.

La iniciativa se desarrolla además en un contexto de creciente actividad de las entidades vinculadas al activismo lingüístico en Cataluña, especialmente en materia de denuncias por el uso del español en establecimientos y empresas.

Durante el pasado año, la Generalitat presidida por el socialista Salvador Illa alcanzó un récord histórico de sanciones por «vulneración de derechos lingüísticos», con 486 expedientes sancionadores y un importe acumulado de 715.284 euros.