La antigua cúpula de la Junta de Andalucía afronta un nuevo avance judicial por el reparto presuntamente irregular de 1,8 millones de euros entre extrabajadores de Delphi. La magistrada Pilar Ordóñez ha cerrado la investigación y dirige el procedimiento contra cinco antiguos responsables autonómicos por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Entre los encausados figuran Martín Soler Márquez, exconsejero de Innovación y expresidente de la Agencia IDEA, y su antiguo viceconsejero, Jesús María Rodríguez Román. También están señalados Jacinto Cañete Rolloso, exdirector general de IDEA; Antonio Diz-Lois Ruiz, antiguo responsable financiero de la agencia, y Fernando Villén Rueda, quien estuvo al frente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Según la resolución recogida por ABC, los responsables habrían recurrido a la Faffe para canalizar unas prestaciones que no contaban con el respaldo administrativo exigible. La fundación, que ya gestionaba programas formativos para los afectados por el cierre de Delphi, habría servido para disimular la procedencia del dinero y evitar los controles que debían aplicarse a su concesión.
La instructora sitúa una de las principales irregularidades en la propia naturaleza de los pagos. Los destinatarios ya percibían prestaciones por desempleo y, durante 2008 y 2009, las consejerías de Empleo e Innovación acordaron prolongar las ayudas económicas. La jueza sostiene que los investigados conocían que esos complementos carecían de cobertura legal porque no habían sido acordados por la Administración del Estado.
El origen de los compromisos se remonta al cierre de la fábrica de Delphi en la bahía de Cádiz, en 2007, que dejó sin trabajo a unos 1.600 empleados. El Ejecutivo andaluz suscribió el 4 de julio de aquel año un protocolo con CCOO, UGT, CGT y USO que incluía medidas económicas, laborales y de formación para los despedidos.
Las transferencias de IDEA a la fundación alcanzaron los 1.823.611,63 euros. Según la investigación, faltaban solicitudes individuales, expedientes de concesión y autorizaciones previas. Aunque posteriormente se recuperaron cerca de 296.000 euros, la magistrada calcula un perjuicio pendiente de aproximadamente 1,53 millones. Con la instrucción concluida, corresponde ahora a la Fiscalía y a las acusaciones pronunciarse sobre la apertura de juicio oral.
Uno de los encausados, Fernando Villén, cuenta además con una condena en otro procedimiento por utilizar tarjetas de la Faffe para pagar más de 32.000 euros en prostíbulos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redujo esa pena en abril de 2026 a cinco años y tres meses de prisión al apreciar dilaciones indebidas.
