El sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) que intervenga para dotar de seguridad jurídica a los empleados públicos encargados de tramitar expedientes de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, ante las dudas que, a su juicio, genera la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia que amplía el alcance de la conocida como «ley de nietos».

En un escrito dirigido a la JEC publicado por ABC, el presidente de CSIF, Miguel Borra Izquierdo, reclama «la intervención inmediata» del organismo para que la Oficina del Censo Electoral dicte una instrucción dirigida a consulados, ayuntamientos y registros civiles que se ajuste al contenido de la Ley de Memoria Democrática.

El sindicato sostiene que la instrucción aprobada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, amplía el acceso a la nacionalidad española más allá de lo previsto en la ley, al permitir, según su interpretación, que puedan acceder a ella descendientes de españoles sin acreditar la condición de exiliado por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.

Según CSIF, esta situación coloca a los empleados públicos en una posición de «elevada inseguridad jurídica», al verse obligados a aplicar una instrucción cuya legalidad considera dudosa. El sindicato argumenta que una dirección general carece de competencias para modificar o ampliar el contenido de una ley mediante una instrucción administrativa.

Asimismo, la organización denuncia que esta interpretación está teniendo «unos efectos gravísimos sobre el ordenamiento jurídico y el sistema político en su conjunto; básicamente la ampliación desmedida e incontrolada del censo electoral».

Borra defiende que una instrucción de la Junta Electoral Central prevalecería sobre la actualmente aplicada y ofrecería criterios homogéneos para los funcionarios encargados de resolver estos expedientes.

Además de esta petición, CSIF solicita que la JEC emita una segunda instrucción para fijar criterios claros sobre el municipio español en el que deben inscribirse en el censo electoral los nuevos nacionalizados residentes en el extranjero. El sindicato considera que el actual procedimiento permite elegir una circunscripción sin acreditar arraigo suficiente y reclama establecer «medios de justificación» y mecanismos de «control» para estas inscripciones.

La organización sindical insiste en que su iniciativa no cuestiona la Ley de Memoria Democrática ni el reconocimiento de derechos a los descendientes de exiliados, sino únicamente la legalidad de la instrucción administrativa dictada por Justicia. En este sentido, cita un dictamen del Consejo de Estado de 2022 que recuerda que «los directores generales no tienen potestad reglamentaria» y sostiene que la citada instrucción «introduce una previsión que no está contemplada en la Ley».

Según CSIF, la aplicación de este criterio también está contribuyendo al colapso de los consulados por el incremento de solicitudes de nacionalidad española, lo que, afirma, retrasa la tramitación de los expedientes de quienes sí cumplen los requisitos previstos en la Ley de Memoria Democrática.