Un incidente reciente en aguas de Almería ha vuelto a centrar la atención sobre las condiciones de los agentes de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza. Durante una persecución a narcolanchas, una patrullera resultó golpeada por una ola, sin que se registraran heridos graves.

Desde la asociación profesional Jucil (Justicia para la Guardia Civil), se denuncian carencias de medios materiales y personal, factores que, según la organización, limitan la eficacia operativa frente a las redes criminales. En declaraciones a El Debate, Rafael Maldonado, secretario provincial de Jucil en Almería, destacó que el litoral andaluz requiere mejoras significativas en infraestructura y dotación humana para cumplir con los estándares de seguridad operativa.

En el ámbito marítimo, la asociación denuncia que las embarcaciones disponibles son insuficientes y en muchos casos antiguas. Actualmente, el servicio marítimo de Almería dispone de cuatro embarcaciones, varias de ellas con más de veinte años de antigüedad. Una de estas embarcaciones quedó inutilizada tras el último incidente, mientras otra permanece fuera de servicio por falta de motor. Maldonado indicó que, actualmente, la operativa se concentra prácticamente en una única embarcación de tamaño medio, limitada para operaciones en condiciones adversas de mar.

Asimismo, se advierte de escasez de personal y vehículos terrestres. La vigilancia costera se ve afectada por la falta de todoterrenos adecuados y equipamiento técnico para operaciones nocturnas. Según la asociación, estas carencias dificultan la detección e interceptación de narcolanchas, que operan con creciente sofisticación y velocidad.

Jucil también critica la respuesta institucional. Señala que ni la Dirección General de la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han implementado medidas efectivas para frenar el incremento del tráfico de drogas en el litoral andaluz. La asociación solicita la recuperación de unidades especializadas, como Oconsur, cuya eliminación habría contribuido al auge de las bandas en la región. «Estamos totalmente desprotegidos», insiste Maldonado.