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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El Constitucional se reunirá coincidiendo con la aprobación de la ley de ruptura

El Tribunal Constitucional se reunirá en un pleno ordinario la próxima semana, los días 6 y 7 de septiembre, los mismos en los que se celebrará el pleno del Parlament de Cataluña a la espera de saber cuándo se aprobará la Ley de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica registrada esta semana.

Fuentes del alto tribunal han confirmado a Efe que el pleno del Constitucional coincidirá con el del Parlament catalán aunque aún no está previsto que los magistrados vayan a abordar el recurso a la modificación del reglamento del Parlament.

Sin embargo, al ser un pleno ordinario, según las fuentes, la agenda siempre está sujeta a introducir nuevos puntos en el orden del día.

Todavía se desconoce si será en el próximo pleno del Parlament cuando se apruebe la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana en tanto que la presidenta de esta Cámara, Carme Forcadell, solo dijo que «se hará próximamente».

En cualquier caso, el Govern ya anunció que desoirá la resolución del Tribunal Constitucional «con todas las consecuencias» que ello acarree, en el caso de que el alto tribunal anulase la Ley de Referéndum, y que solo «obedecerá el mandato» del Parlamento catalán.

Fue el pasado lunes cuando Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlament de Cataluña la citada Ley de Transitoriedad Jurídica, la más importante de las llamadas leyes de «desconexión» y que entraría en vigor solo si ganara el ‘sí’ a la independencia en el referéndum previsto por el Govern para el 1-0, con el objetivo de crear un marco legal alternativo al español.

El Ejecutivo ya advirtió de que mantiene activada a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante los distintos pasos jurídicos que haya que dar en los próximos días para responder al desafío soberanista catalán.

Entretanto, el Gobierno anunció que mantiene activada a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante los distintos pasos jurídicos que haya que dar en los próximos días para responder al desafío soberanista catalán.

En el pleno del pasado 31 de julio, el Tribunal Constitucional suspendió la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre y apercibió a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.

Semanas después, el alto tribunal, reunido también en pleno, mantuvo la suspensión de dicha reforma al rechazar el recurso de súplica que interpuso la Generalitat a la anterior resolución.

Puigdemont no se amilana

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha calificado en Dinamarca de poco realista creer que el recurso del Gobierno español contra la ley del referendo del 1 de octubre en Cataluña impedirá que se celebre la consulta ilegal.

«Pensar que a treinta días del referendo, un proceso que lleva en marcha desde hace seis años, con esta contundencia, solidez, solvencia, transversalidad y esta voluntad, se parará, no sé cómo calificarlo, pero realista no es», dijo.

Puigdemont, que este miércoles inauguró en Copenhague la nueva delegación de la Generalitat en los países nórdicos, hizo estas declaraciones a los medios tras reunirse en el Parlamento danés con representantes de ocho partidos, incluidas dos de las tres fuerzas de la coalición de gobierno.

El referendo se celebrará porque el Parlamento catalán va a aprobar una ley «que lo legitima», responde a un compromiso logrado en la Cámara y «al deseo de la mayoría de los catalanes», sostuvo el presidente, acompañado por el conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva.

El jefe del Gobierno catalán resaltó no obstante que su prioridad siempre ha sido que el referendo se haga de acuerdo con el Estado y mostró su voluntad para hablar, pero admitió que es «difícil de creer» que Madrid cambie de postura tras sus «reiteradas negativas».

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