El Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido vivir el aniversario del referéndum del 1 de octubre «con la intensidad que lo vivirán los encarcelados», en referencia a los políticos golpistas que permanecen en prisión: «Hoy que estamos a una semana de ese referéndum os pido a todos que lo vivamos con la intensidad con la que estoy seguro que Quim (Joaquim Forn) lo vivirá desde la prisión con el resto de compañeros encarcelados o en el exilio, o como los miles de catalanes que han sido procesados, que serán investigados y que pasarán por los juzgados por haber dado la voz a los ciudadanos», ha dicho.
El presidente catalán ha cerrado así el acto de presentación del libro «Escrits de Presó» (Escritos de prisión), que narra el día a día en la cárcel del exconseller de Interior Joaquim Forn, al que han acudido unas 800 personas.
El libro de Forn -el exconsejero cumple prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017 por su implicación en el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia- ha congregado además a los expresidentes de la Generalitat, Jordi Pujol y Artur Mas, así como a otros miembros de la vieja guardia de CDC, como los exconsellers Francesc Homs y Germà Gordó; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, y otros compañeros de partido como Oriol Pujol.
Reapertura de embajadas
El Gobierno, mientras, ha presentado un recurso contra la decisión de la Generalitat de abrir delegaciones en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, EEUU, Italia, Suiza y Francia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, en plena crisis de Gobierno tras la publicación de unas conversaciones mantenidas entre la ministra de Justicia y el excomisario Villarejo en un restaurante.
La Abogacía del Estado interpuso este martes, en nombre de Exteriores, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el decreto aprobado en junio por la Generalitat para establecer dichas delegaciones. En el comunicado, el Gobierno señala que la Generalitat ha incumplido la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, al no comunicar previamente al Gobierno su intención de crear delegaciones en el exterior.
Exteriores señala que, según dicha ley, las comunidades autónomas deben comunicar al Gobierno su intención de abrir esas delegaciones en el exterior «para el ejercicio de sus competencias». Y recuerda que, una vez informado, diversos departamentos del Ejecutivo tienen que comprobar si se adecúan a la normativa.
Así, Exteriores tendría que haber sido el encargado de comprobar si la propuesta autonómica cumple las «directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior» y sobre todo si el «principio de unidad de acción en el exterior». añade el comunicado.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, debe comprobar si las delegaciones cumplen las normas de eficiencia en la gestión de los recursos públicos y Política Territorial debe vigilar que se adecúan a las competencias que tiene la administración autonómica.
Según recuerda Exteriores, la Generalitat comunicó a este Ministerio la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, lo que hacía «imposible» emitir los informes de los distintos ministerios.
También explica que en los contactos con el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat se dijo a Exteriores que en realidad no se estaba abriendo ninguna nueva delegación sino que «simplemente» se reabrían las que el Gobierno clausuró cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución.
Comprensión con el separatismo
El Ministerio aclara que «no cuestiona» la facultad de la Generalitat de establecer delegaciones en el exterior para el ejercicio, dentro del ámbito de sus competencias, de actividades con relevancia exterior, pero recalca que «la creación de dichas Delegaciones debe ajustarse a lo establecido por la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado».
Exteriores «lamenta tener que presentar recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero no se le deja otra opción para preservar el mandato legal», añade el comunicado.
Y asegura que el recurso no afectará «en modo alguno» a las delegaciones que la Generalitat mantiene como oficinas comerciales (Acció), ni a las oficinas turísticas o las culturales, creadas de conformidad con la ley vigente.
