Alemania, Suecia y Lituania han rechazado vincular la futura ampliación de la Unión Europea con el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales comunitarios. Los tres países han cuestionado este martes en Bruselas la posición del Gobierno español, después de que José Manuel Albares advirtiera de que España no aceptará la incorporación de nuevas lenguas al régimen lingüístico europeo antes de que se apruebe su petición.

El asunto ha regresado al Consejo de Asuntos Generales por octava vez, sin votación ni acuerdo. España, representada por el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, sigue sin reunir la unanimidad de los Veintisiete que requiere la iniciativa. La solicitud se presentó en agosto de 2023, tras el pacto del PSOE con Junts para constituir la Mesa del Congreso, y permanece pendiente más de tres años después.

Las objeciones se han centrado en condicionar el proceso de adhesión de los países candidatos a una demanda de un Estado miembro. El representante alemán, Gunther Krichbaum, ha rechazado ese planteamiento y ha defendido que las exigencias particulares de los socios no frenen nuevas incorporaciones. El viceministro lituano Sigitas Mitjus ha considerado inaceptable conectar ambos expedientes, mientras que la ministra sueca Jessica Rosencrantz ha reclamado tratarlos por separado y estudiar las consecuencias de ampliar el régimen lingüístico.

Pese a esas intervenciones, Exteriores ha ofrecido una valoración favorable del debate y ha asegurado que la mayoría de los socios comprende la propuesta española. El departamento de Albares sostiene que ningún Estado ha rechazado la oficialidad de las tres lenguas y que las intervenciones han mostrado disposición a dialogar. Las críticas de Alemania, Suecia y Lituania recogidas durante la reunión se han dirigido, en concreto, a utilizar la ampliación como elemento de presión.

La víspera, desde Nueva York, Albares había calificado de impensable que los idiomas de futuros miembros obtuvieran reconocimiento antes que las tres lenguas cooficiales españolas. El Gobierno mantiene que respalda la ampliación, pero reclama resolver previamente una cuestión que presenta como una discriminación hacia millones de ciudadanos españoles. También defiende que la medida no tendría repercusiones para los demás Estados miembros.

La presidencia irlandesa del Consejo ya había advertido de que la sesión difícilmente produciría avances. Su ministro de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, descartó esperar un resultado concreto antes del encuentro. Concluida la reunión, la propuesta española continúa sin el consenso necesario, mientras Exteriores insiste en que el reconocimiento debe llegar antes de incorporar las lenguas de los países candidatos.