La Administración de Donald Trump ha decidido elevar la presión sobre Sudáfrica por las políticas que Washington considera discriminatorias contra los afrikáners y otras minorías raciales, anunciando nuevas restricciones de visado contra los responsables de aprobar o aplicar medidas basadas en criterios raciales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que Estados Unidos impedirá la entrada en el país a ciudadanos extranjeros implicados en políticas que permitan expropiaciones sin compensación, discriminación por razón de raza o incitación a la violencia contra minorías étnicas.

«Estados Unidos no permitirá que este comportamiento continúe sin consecuencias», ha advertido Rubio. Washington sostiene que el Gobierno sudafricano no ha respondido adecuadamente a las preocupaciones planteadas durante el último año y medio sobre la situación de los afrikáners, una comunidad descendiente principalmente de colonos neerlandeses y de población mayoritariamente blanca.

Trump lleva la discriminación contra los blancos al centro de su política exterior

La medida profundiza una estrategia iniciada por Trump en febrero de 2025, cuando firmó una orden ejecutiva que suspendió buena parte de la ayuda estadounidense a Sudáfrica y ordenó priorizar la acogida de afrikáners que Washington considere víctimas de discriminación racial.

La Casa Blanca denunció entonces lo que calificó como políticas destinadas a erosionar la igualdad de oportunidades en el empleo, la educación y la actividad empresarial, además de una retórica que, según la Administración estadounidense, contribuye a exacerbar la violencia contra determinados propietarios rurales blancos.

La nueva decisión supone un paso adicional: ya no se limita a cortar financiación o facilitar la entrada de refugiados, sino que castiga directamente a quienes Washington considere responsables de diseñar o ejecutar esas políticas. Rubio ha señalado expresamente tres ámbitos: legislación basada en criterios raciales, posibles confiscaciones de tierras sin compensación y discursos que puedan incitar a la violencia contra minorías.

La expropiación de tierras, en el centro del conflicto

El principal punto de fricción continúa siendo la política de tierras sudafricana. La legislación aprobada en 2024 permite que, en determinadas circunstancias y cuando resulte «justo y equitativo», la compensación por una expropiación pueda fijarse en cero. El propio texto oficial sudafricano establece que la expropiación debe responder a un propósito público o al interés general.

Pretoria sostiene que la norma pretende corregir desigualdades históricas heredadas del apartheid y que no autoriza confiscaciones arbitrarias. La Constitución sudafricana mantiene además que ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de su propiedad y reconoce el control judicial sobre los procesos de expropiación.

Washington, sin embargo, considera que la legislación abre la puerta a un trato desigual basado en la raza y ha convertido este asunto en uno de los principales motivos de su enfrentamiento diplomático con el Gobierno de Cyril Ramaphosa. «Seguimos profundamente preocupados por los delitos motivados por el racismo y la discriminación auspiciada por el Gobierno contra los afrikáners y otras poblaciones minoritarias», ha afirmado Rubio.

Visados bloqueados para quienes impulsen políticas raciales

La nueva política se apoyará en la legislación migratoria estadounidense, que permite al secretario de Estado declarar inadmisible a un extranjero cuando su presencia pueda tener consecuencias negativas graves para la política exterior de Estados Unidos. Las restricciones podrán alcanzar también a determinados familiares de los afectados.

El Departamento de Estado no ha difundido por ahora una lista pública de nombres, pero ha dejado claro que el criterio se aplicará a personas responsables o cómplices de políticas raciales o de incitación a la violencia contra minorías. La Administración Trump insiste así en un principio que ha situado en el centro de su ofensiva diplomática contra Pretoria: la discriminación racial debe ser denunciada con independencia del color de piel de quienes la sufran.