El último reportaje emitido por TV3 sobre un desahucio en el municipio gerundense de Salt ha reabierto el debate sobre el sesgo ideológico de la televisión pública catalana. El pasado 7 de marzo, la cadena presentó como víctimas de un desalojo a unos inmigrantes ilegales marroquíes que habían ocupado una vivienda de forma ilícita, omitiendo el contexto real del caso: se trataba de un procedimiento por impago hipotecario contra un imán y su familia.
El reportaje, emitido en horario de máxima audiencia, se presentaba como una historia de “vulnerabilidad social”. Sin embargo, el fragmento más comentado fue la frase de la periodista que afirmaba que la familia “había optado por ocupar un piso ante la falta de vivienda”. Una descripción aséptica y justificativa que desató una oleada de críticas en redes sociales.
Tras el desalojo, Salt vivió dos noches de disturbios con lanzamiento de piedras, quema de contenedores y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. A pesar de la violencia, la cadena pública se refirió a los hechos como “protestas por la falta de vivienda”, evitando en todo momento mencionar el origen ilegal de la ocupación o la responsabilidad de los protagonistas.
Mientras los antidisturbios intentaban recuperar el control de las calles, TV3 insistía en que los disturbios eran “una reacción al drama habitacional que afecta a la comunidad migrante”. Analistas y periodistas calificaron el enfoque como un caso claro de manipulación informativa: reducir unos disturbios provocados por okupas a un “conflicto social” y presentar a los responsables como víctimas del sistema.
Salt no es un caso aislado. Según datos del Ministerio del Interior, la provincia de Gerona ha registrado un aumento del 1.392% en las ocupaciones ilegales desde 2009. El municipio concentra uno de los índices más altos de delincuencia y de viviendas okupadas de toda Cataluña. Los vecinos llevan años denunciando la inseguridad, la lentitud judicial y la falta de respuesta institucional. Sin embargo, el Ayuntamiento y la Generalidad prefieren hablar de “emergencia habitacional” y “problemas estructurales del mercado del alquiler”.
El alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), pidió calma tras los disturbios y aclaró que la familia desalojada “no cumplía los criterios de vulnerabilidad”. Pese a ello, TV3 omitió estas declaraciones en su cobertura, reforzando la percepción de que selecciona los hechos que encajan con su narrativa ideológica.
No es la primera vez que la televisión pública catalana es acusada de blanquear la okupación o de suavizar la violencia vinculada a movimientos de extrema izquierda y separatistas. En los últimos años, su línea editorial ha sido cuestionada por transformar casos de delincuencia o enfrentamientos vecinales en relatos de “resistencia social”.
El reportaje de Salt vuelve a poner sobre la mesa el papel de una cadena financiada con dinero público, cuya función debería ser informar con rigor y pluralidad, no actuar como portavoz del Gobierno regional.
La realidad del municipio gerundense dista mucho del relato ofrecido por TV3: inseguridad, presión migratoria, viviendas ocupadas y recursos sociales desbordados. Un escenario cada vez más tenso que los vecinos sufren a diario mientras la televisión pública prefiere seguir hablando de “injusticia social” y de un supuesto “sistema opresor”.