UGT y CCOO, junto con sus estructuras territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas, han recibido 569 millones de euros en ayudas públicas entre 2018 y 2025, según un análisis de los listados anuales de grandes beneficiarios de Hacienda. La cifra coincide con la preparación de una huelga general de 24 horas para el próximo 11 de noviembre, apenas dos días antes del comienzo de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, según recoge The Objective.

El volumen de ayudas atribuido a las organizaciones vinculadas a UGT asciende a 318,12 millones de euros, mientras que las estructuras relacionadas con CCOO acumulan 250,73 millones. Si se tienen en cuenta únicamente las confederaciones estatales, la cantidad total asciende a 132,59 millones de euros, de los cuales 82,22 millones corresponden a UGT y 50,37 millones a CCOO.

2025 fue el año con más financiación registrada

El análisis muestra que 2025 fue el ejercicio con mayor volumen de financiación pública para las organizaciones estudiadas. Ese año, UGT y CCOO y sus estructuras vinculadas sumaron 93,5 millones de euros en ayudas, un 22,8% más que en 2024 y un 34,1% más que en 2018. Sólo las confederaciones estatales recibieron en 2025 13,02 millones UGT y 13,52 millones CCOO.

El resto de las cantidades corresponden a federaciones, organizaciones territoriales y fundaciones asociadas, cada una con su propio NIF y personalidad jurídica. La cifra de 569 millones reúne ayudas procedentes de diferentes administraciones públicas y no sólo del Gobierno central.

Huelga general en plena precampaña

UGT y CCOO preparan ahora una huelga general de 24 horas por la vivienda y los salarios. La convocatoria está prevista para el 11 de noviembre, sólo dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral. Las dos grandes centrales no convocaban conjuntamente una huelga general estatal de 24 horas por motivos socioeconómicos desde noviembre de 2012. A la movilización se han sumado también otras organizaciones sindicales.

CGT ha mostrado su disposición a promover la huelga, mientras que CIG ya ha anunciado convocatoria en Galicia y ELA y LAB preparan movilizaciones en el País Vasco y Navarra. Si se suman también las ayudas recibidas por CIG, ELA, LAB y CGT, el volumen total de financiación pública de las seis organizaciones analizadas alcanza 588,02 millones de euros desde 2018.

Unos sindicatos cada vez más financiados con dinero público

El volumen de ayudas ha crecido de forma significativa durante los últimos años. En 2020, el total conjunto de ayudas a UGT y CCOO cayó a 50,25 millones, pero repuntó en 2021 hasta los 83,39 millones y continuó creciendo hasta alcanzar el máximo de 2025.

El sistema utilizado por Hacienda contabiliza la denominada «ayuda equivalente», un indicador que permite comparar distintos instrumentos de apoyo público y que no implica necesariamente que todas las cantidades hayan sido abonadas directamente en efectivo. Los listados incluyen únicamente a los beneficiarios que superan los 100.000 euros anuales.

Subvenciones y patrimonio cedido

A las ayudas directas se suma además el patrimonio sindical acumulado, formado por inmuebles de titularidad estatal cedidos gratuitamente en uso a sindicatos y organizaciones empresariales.

Estas cesiones no implican la entrega de la propiedad de los edificios, pero permiten a las organizaciones utilizar patrimonio público para su funcionamiento. El valor de estos inmuebles no está incluido en los 569 millones contabilizados.

Una huelga contra vivienda y salarios

UGT y CCOO justifican la convocatoria por la situación de los salarios y el acceso a la vivienda. Las centrales reclaman tanto a las administraciones como a las organizaciones empresariales medidas para mejorar los sueldos y facilitar el acceso a una vivienda.

Sin embargo, la convocatoria llega en un momento políticamente especialmente sensible: dos días antes del comienzo de la campaña electoral y después de ocho años en los que las organizaciones sindicales han recibido cientos de millones de euros en ayudas públicas. El contraste vuelve a situar bajo el foco la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las principales centrales sindicales del país.