Un olivarero llamado Antonio Miguel ha denunciado públicamente la presión que, según asegura, están sufriendo numerosos agricultores en la provincia de Jaén para que cedan sus fincas a empresas interesadas en instalar parques solares. El agricultor, que trabaja varias hectáreas en el municipio jiennense de Lopera, explicó en el programa Espejo Público que le han propuesto alquilar sus terrenos durante cuatro décadas, algo a lo que se niega rotundamente. «No quiero dinero ni alquileres. Sólo quiero seguir cultivando mis olivos, como he hecho toda la vida», afirmó.
Antonio Miguel sostiene que detrás de esas ofertas hay un intento de sustituir progresivamente los tradicionales olivares andaluces por grandes instalaciones fotovoltaicas. Según relata, la Junta de Andalucía está alentando a los propietarios a alcanzar «acuerdos amistosos» con las compañías que promueven estos proyectos. Sin embargo, muchos agricultores creen que esos acuerdos no son tan voluntarios como parecen. «Nos dicen que es opcional, pero si no firmas, te lo quitan», lamentó el agricultor, advirtiendo del riesgo real de que se produzcan expropiaciones forzosas.
La tensión entre los olivareros y las empresas del sector energético no es nueva. En marzo, unas 150 personas y alrededor de 60 tractores salieron a las calles de Lopera para protestar contra lo que consideran un intento de «arrebatarles el campo» mediante expropiaciones de olivar destinadas a la construcción de plantas solares. Los manifestantes defendieron entonces que los terrenos agrícolas deben seguir siendo fuente de sustento y empleo para la comarca.
Las condiciones que se les ofrecen a los propietarios tampoco resultan especialmente atractivas. Las compañías proponen arrendamientos de unos 3.000 euros por hectárea al año, una cantidad similar a la que puede obtenerse de la venta de aceite de oliva, pero sin aportar beneficios adicionales. «Nos ofrecen lo mismo que ganamos ahora, pero sin trabajo y sin jornales para los vecinos», reprochó otro agricultor afectado.
Los olivareros insisten en que aceptar esos contratos supondría renunciar a una tradición centenaria sin obtener compensaciones reales. A su juicio, la llamada «transición energética» está amenazando no solo su modo de vida, sino también la identidad agrícola de toda una provincia.
