Francisco Martos Ortiz, diputado socialista en la Diputación de Badajoz, ha presentado un recurso ante el juzgado en el que acusa a la UCO de vulnerar sus derechos fundamentales al requisar sus correos corporativos. Esta incautación tuvo lugar en el marco de la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Martos sostiene que esta medida fue «prospectiva» y, por lo tanto, inconstitucional, instando a que se destruyan dichas pruebas. Además, en su escrito, critica duramente a los investigadores y considera que el caso carece de fundamento.
En su recurso, Martos acusa a la Guardia Civil de llevar a cabo una «vulneración constitucional de libro», argumentando que primero deberían haber citado al músico antes de examinar sus correos, lo que considera «arbitrario y desproporcionado». Asimismo, sostiene que la UCO no debería decidir qué correos forman parte del proceso, advirtiendo que muchos de estos correos, aunque corporativos, pueden afectar a personas cercanas y familiares.
Esta situación se produjo tras la autorización de la juez Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que en julio permitió la incautación de los correos de varios cargos de la Diputación, incluido el presidente Miguel Ángel Gallardo y tres diputados socialistas, entre ellos Martos. La investigación se centra en la creación de una plaza pública para David Sánchez y en la posibilidad de que se hubieran llevado a cabo «actos preparatorios» desde 2016 hasta 2022 para favorecer su contratación.
El juez ha declarado secreta una pieza separada en la que se incluye todo el material incautado en la Diputación de Badajoz. A pesar de las críticas de Martos, la juez no sólo ha validado la actuación de la UCO, sino que ha reafirmado los indicios contra David Sánchez. Se están investigando posibles irregularidades en su contratación y si este acude regularmente a su puesto de trabajo, ya que reside en Elvas, Portugal. También se examina su patrimonio, que podría haber alcanzado los dos millones de euros, una cifra que no correspondería con su salario.
El diputado Martos sostiene que no era miembro de la Diputación cuando ocurrieron los hechos, y asegura que la instrucción terminará sin pruebas contra el hermano de Pedro Sánchez. Critica que la investigación se basa en «fantásticas acusaciones» y que no hay relación entre los correos incautados y los hechos denunciados, más allá de lo que él denomina el «ojo clínico de la UCO».
La investigación fue impulsada por una denuncia de Manos Limpias, y las diligencias tienen como objetivo esclarecer si hubo un concierto previo en la creación y adjudicación del puesto de coordinador de actividades conservatorias que recayó en David Sánchez en 2017. Según la denuncia, David Sánchez habría duplicado su salario a partir de 2018, coincidiendo con la llegada de su hermano a La Moncloa, y habría recibido un total de 280.845 euros en ocho años.
La juez también ha solicitado al Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, las declaraciones patrimoniales de David Sánchez y ha exigido que identifiquen al funcionario que elaboró el informe que exime de irregularidades al hermano del presidente del Gobierno. Hacienda ha negado que haya habido irregularidades en el patrimonio del músico, pero la juez insiste en que se informe del cargo y la firma digital del funcionario responsable del informe.
