El diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón ha desarrollado una importante actividad empresarial y profesional en el sector inmobiliario a través de un despacho de abogados que trabaja para fondos de inversión internacionales en procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucio. Según una investigación publicada por La Verdad de Murcia, el parlamentario del PSOE fundó y dirigió un bufete que actualmente presta servicios a sociedades vinculadas al gigante estadounidense Apollo, dedicado, entre otras actividades, a adquirir carteras de deuda y activos inmobiliarios.
La información ha salido a la luz mientras el Gobierno de Pedro Sánchez prepara nuevos decretos destinados a reforzar la protección de los inquilinos vulnerables y restringir determinadas actuaciones de los grandes propietarios. Martínez Salmerón, que llegó a presidir la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, forma parte del grupo parlamentario socialista que respalda estas políticas, pese a que su trayectoria profesional ha estado relacionada con procedimientos judiciales para recuperar inmuebles por impagos hipotecarios.
El despacho Martínez & Salmerón Abogados, que el parlamentario dirigió hasta poco después de incorporarse al Congreso, gestiona asuntos relacionados con activos adquiridos por vehículos de inversión vinculados a Apollo. Entre las sociedades mencionadas figuran AP Malbec Bidco y AP Oxygen Bidco, domiciliadas en Luxemburgo. Según la investigación periodística, el bufete dispone incluso de direcciones específicas de correo electrónico para gestionar los procedimientos correspondientes a estas carteras.
La declaración de bienes presentada por el diputado ante el Congreso también refleja una considerable actividad económica. En 2022 declaró 173.816,42 euros procedentes de sus servicios profesionales, a los que añadió otros 21.600 euros en rendimientos del trabajo obtenidos a través de su sociedad de abogados. Durante los nueve primeros meses de 2023, sus ingresos profesionales volvieron a superar los 135.000 euros, según la documentación examinada por El Confidencial.
A estas cantidades se suma un patrimonio financiero igualmente elevado. El parlamentario comunicó la titularidad de 662.839,97 euros entre depósitos bancarios y productos de inversión, además de un conjunto de propiedades inmobiliarias repartidas por distintos puntos de la Región de Murcia.
En la capital murciana figura como propietario de una vivienda con tres plazas de aparcamiento, otro apartamento y una plaza de garaje adicional. Su patrimonio incluye también una vivienda rústica con dos garajes en Cieza y una participación del 50% en otra finca de naturaleza rústica. Por su parte, la sociedad Martínez & Salmerón Abogados dispone de cuatro apartamentos, oficinas y varias plazas de garaje en Murcia.
El diputado mantiene, además, una participación empresarial en el bufete que fundó. Según su declaración patrimonial, posee 282 participaciones sociales valoradas en más de 86.000 euros. Entre sus bienes personales aparecen asimismo dos vehículos BMW, correspondientes a los modelos Serie 4 Gran Coupé y X3, junto con una embarcación deportiva Jeanneau Leader 8. La documentación atribuye al despacho otros dos automóviles, un BMW Serie 5 y un Range Rover Velar.
Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la investigación afecta a una sociedad que no aparecía reflejada en la declaración de bienes examinada por los periodistas. Se trata de Jomasa Geluk, una compañía dedicada a operaciones de compraventa inmobiliaria cuyo capital inicial se aproxima al millón de euros. Martínez Salmerón figura como administrador único de esta mercantil desde finales de 2023, según los datos societarios publicados por La Verdad de Murcia.
La ausencia de esta empresa en la documentación parlamentaria plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del diputado. No obstante, para determinar si existe una infracción sería necesario comprobar las fechas de presentación y actualización de la declaración, así como las obligaciones concretas de información aplicables a su cargo y a su participación en la sociedad.
Estas revelaciones coinciden con el debate sobre los nuevos decretos de vivienda que el Ejecutivo pretende someter a la Diputación Permanente del Congreso. Las medidas buscan prolongar mecanismos de protección frente a determinados desahucios y reforzar las garantías de los hogares en situación de vulnerabilidad, dentro de la estrategia del Gobierno para intervenir en el mercado residencial.
El caso de Martínez Salmerón pone así de manifiesto el contraste entre la política de vivienda defendida por el PSOE y la actividad profesional desarrollada por uno de sus diputados. Mientras los socialistas mantienen un discurso crítico con los grandes fondos inmobiliarios, el despacho fundado por el parlamentario trabaja en procedimientos hipotecarios para sociedades relacionadas con uno de los principales grupos internacionales de inversión. Una actividad que, por sí misma, no constituye una irregularidad, pero que ha abierto un debate sobre los posibles conflictos de intereses y la transparencia patrimonial de los representantes públicos.
