El desconocimiento y la falta de transparencia rodean la última modificación del IRPF que han implementado los Ministerios de Hacienda y Trabajo. Esta reforma ha sido introducida de manera discreta en una normativa de la Seguridad Social, tal y como ha adelantado el diario Vozpopuli, y trae consigo una nueva exigencia para los desempleados, tanto los que solicitan como los que ya reciben prestaciones por desempleo: la obligación de presentar la declaración de la renta. Esta medida, que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre, implica un aumento del IRPF para las rentas más bajas, afectando potencialmente a unos 12 millones de contribuyentes.
El cambio introduce una novedad importante: los desempleados que antes no estaban obligados a declarar, ahora tendrán que hacerlo, lo que podría generar que muchos de ellos deban pagar IRPF. A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha afirmado que esta declaración es meramente informativa, Hacienda sabe que, en la práctica, esto no será así, y muchos afectados tendrán que pagar más de lo que esperaban.
Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) parece extender la obligación de declarar a todos los trabajadores, lo que supondría la desaparición de los límites de exención de 22.000 euros para quienes reciban ingresos de un solo pagador, y de 15.876 euros cuando haya más de un pagador, siempre que los ingresos del segundo superen los 1.500 euros. Esto significaría que un número considerable de contribuyentes de rentas bajas también se verían afectados por este incremento en el impuesto, con subidas que podrían llegar hasta los 111 euros.
Aunque Hacienda ha asegurado que esta modificación es responsabilidad de Trabajo, quien la incluyó en el Real Decreto-ley 2/2024 de 21 de mayo, no han negado la obligatoriedad de presentar la declaración del IRPF para los desempleados, con la posibilidad de perder el subsidio o la prestación si no lo hacen, junto con sanciones que podrían oscilar entre el 50% y el 150% del impuesto adeudado.
No obstante, Hacienda ha salido a desmentir que esta reforma implique que todos los trabajadores estén obligados a declarar, ya que esto generaría una subida de impuestos para muchos de ellos. La interpretación literal del BOE podría ser un error, lo que está provocando inseguridad jurídica, ya que hasta el momento no se sabe si será corregido.
A pesar del impacto de esta reforma, algunos expertos aseguran que el golpe económico para los afectados será menor de lo que se temía inicialmente. Esto se debe a una rebaja en el IRPF que acercó el monto del impuesto a pagar a las retenciones que ya se estaban aplicando. Las cuantías a pagar oscilan entre 5,3 euros y 111,4 euros, cifras significativas para quienes tienen rentas bajas, pero mucho menores que los ejemplos exagerados que algunas asesorías fiscales han difundido, superando los 2.000 euros, que Hacienda aún no ha desmentido.
La rebaja se implementó mediante una modificación del artículo 20 de la Ley del IRPF, a través del Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio, que aumentó la reducción variable para aquellos con rentas bajas. Esta medida elevó el umbral de tributación hasta los 15.876 euros, igualando este límite con el mínimo de retención para contribuyentes sin cargas familiares y con un solo pagador.
Sin embargo, a partir de ese umbral, los trabajadores o desempleados que deban presentar declaración por el IRPF acabarán pagando más de lo retenido, lo que, en la práctica, convierte esta obligación de declarar en un aumento de impuestos para muchos ciudadanos de rentas bajas y desempleados.
