Un ex empleado de la cantera que suministró parte de los materiales utilizados por Adif en las obras de renovación del tramo ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha denunciado ante la Justicia que el balasto empleado en los trabajos realizados durante 2025 no cumplía los requisitos técnicos exigidos. El denunciante sostiene que las deficiencias de la piedra utilizada podrían comprometer la estabilidad de las vías y ha solicitado protección judicial para colaborar con la investigación del accidente en el que fallecieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas.
Según ha adelantado El Mundo, el antiguo trabajador ha remitido un escrito al juzgado de Montoro que investiga la tragedia ferroviaria, en el que asegura disponer de documentación sobre las supuestas irregularidades. También se ofrece a identificar los lugares concretos donde se habría instalado el material cuestionado.
El denunciante, que afirma haber trabajado durante más de tres décadas en la explotación minera, sostiene que fue despedido después de negarse a participar en la producción y comercialización de piedra que consideraba defectuosa. Su testimonio apunta directamente a la calidad de los suministros utilizados en las actuaciones de mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria.
El principal problema denunciado estaría relacionado con el balasto, la piedra triturada que se coloca bajo las traviesas para proporcionar estabilidad a las vías y distribuir las cargas que soportan durante la circulación de los trenes.
De acuerdo con su versión, el material suministrado presentaba una resistencia insuficiente al desgaste y una elevada propensión a desintegrarse por el paso continuado de los convoyes. Este deterioro podría generar partículas de menor tamaño, alterar el asentamiento de las traviesas y reducir la consistencia de la estructura sobre la que descansan los raíles.
Ante los riesgos que considera derivados de estas circunstancias, el extrabajador ha llegado a plantear la interrupción provisional de la circulación ferroviaria por el tramo afectado hasta que se realicen las inspecciones necesarias para determinar si existen problemas de seguridad.
También asegura que la procedencia de las piedras puede establecerse mediante sus características geológicas, que permitirían diferenciarlas de materiales extraídos en otras explotaciones. De esta forma, se ha ofrecido a señalar tanto los puntos de la red ferroviaria donde habrían terminado estos suministros como la cantera de origen.
Sus advertencias no se limitan al ferrocarril. El antiguo empleado afirma que la misma explotación estaría suministrando actualmente materiales destinados a la fabricación de asfalto que tampoco reunirían, según su testimonio, las condiciones reglamentarias.
La magistrada Cristina Pastor ha decidido incorporar estas manifestaciones al procedimiento judicial y preservar la identidad del denunciante. Así consta en una providencia del pasado 13 de noviembre, en la que aplaza la decisión sobre su eventual declaración como testigo hasta conocer los resultados de los análisis técnicos todavía pendientes.
Paralelamente, la investigación continúa avanzando en el examen de los elementos de la infraestructura. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) será el encargado de realizar pruebas de laboratorio sobre los carriles del tramo donde se produjo el siniestro.
La instructora también ha autorizado a la autoridad independiente encargada de la investigación técnica de accidentes ferroviarios a utilizar un nuevo dispositivo destinado a evaluar el desgaste de los raíles.
Por el momento, las afirmaciones del extrabajador constituyen una denuncia pendiente de comprobación pericial. La investigación deberá determinar si el balasto instalado incumplía realmente las especificaciones técnicas y si las supuestas deficiencias tuvieron alguna relación con el accidente ferroviario de Adamuz.