Un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana elaborado por Diego Sánchez de la Cruz sitúa en unas 750.000 viviendas el déficit acumulado entre 2021 y 2025 y contabiliza 141 subidas de impuestos y cotizaciones durante ese mismo periodo de Gobierno de Pedro Sánchez iniciado en 2018. El documento, titulado Sanchismo: una autopsia económica, analiza la evolución de la economía española y señala la escasez de oferta residencial y el aumento de la carga tributaria como dos de los principales problemas que afrontan los ciudadanos.
En materia de vivienda, el estudio recoge una estimación que atribuye al Banco de España y que cifra en alrededor de 750.000 unidades el desequilibrio acumulado en cinco años. Sólo en 2025, según los datos incluidos, se constituyeron 240.000 hogares, mientras que se terminaron 92.000 viviendas. El autor sostiene que la construcción avanza a un ritmo insuficiente para atender la demanda y sitúa la falta de inmuebles disponibles en el centro de la crisis de acceso a la vivienda.
El informe vincula esa insuficiencia con las trabas urbanísticas, los plazos administrativos y los impuestos. Calcula que transformar un terreno en un solar edificable requiere entre diez y quince años y estima que los retrasos en la concesión de licencias encarecen cada vivienda en 18.000 euros. También señala que las administraciones poseen alrededor del 58% del suelo urbano sin edificar y sostiene que casi una cuarta parte del precio de una vivienda nueva corresponde a tributos.
El mercado del alquiler ocupa otro apartado destacado. Según las cifras recopiladas, la oferta de arrendamiento permanente cayó un 33% entre 2019 y 2024, mientras que el precio anunciado alcanzó los 15,3 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, aproximadamente un 30% más que en septiembre de 2023. El Instituto Juan de Mariana considera que los controles de precios han agravado la retirada de viviendas y destaca que, en Barcelona, los contratos firmados descendieron un 22,5% desde la entrada en vigor de los topes y un 43% desde 2021.
En el ámbito tributario, el documento precisa que su recuento de 141 incrementos entre 2018 y 2025 reúne conceptos distintos: 63 subidas explícitas aprobadas mediante normas, 46 aumentos que atribuye a la falta de actualización de los tramos del IRPF frente a la inflación y 32 derivados de revisiones catastrales. Por tanto, la cifra incluye tanto decisiones normativas como efectos fiscales que el instituto considera aumentos encubiertos. Entre las medidas enumeradas figuran los gravámenes sobre la banca, las energéticas, las grandes fortunas y los servicios digitales, además de incrementos de cotizaciones sociales.
El estudio señala que la recaudación conjunta por impuestos y cotizaciones pasó de 423.513 millones de euros en 2018 a 591.679 millones en 2024, un crecimiento del 39,7%. En ese intervalo, la presión fiscal aumentó del 34,9% al 37,1% del PIB. El documento contrapone esa subida de 2,2 puntos con el descenso de seis décimas que recoge para el conjunto de la Unión Europea y sitúa a España entre los países comunitarios donde más creció este indicador.
El análisis también examina el impacto sobre las economías familiares. Según sus cálculos, los impuestos directos abonados por los hogares han aumentado un 31,1% en términos reales desde 2018, lo que equivale a 1.657 euros adicionales al año por hogar, descontada la inflación. El autor atribuye parte de ese incremento a la falta de deflactación del IRPF: cuando los salarios nominales suben para compensar el encarecimiento de la vida, los contribuyentes pueden soportar una mayor carga tributaria sin haber ganado poder adquisitivo.
