En un momento de creciente inquietud por la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos, LA GACETA ha tenido acceso a un informe de EUROPOL que resume las principales amenazas de la inmigración ilegal y descontrolada a través de un exhaustivo análisis de tendencias migratorias de 2024. Este documento dibuja un panorama profundamente alarmante para España, que se ha convertido en el principal objetivo de rutas migratorias ilegales procedentes de África, agravadas por movimientos secundarios dentro de Europa que escapan a cualquier control efectivo. El informe no es sólo un frío recopilatorio de datos; representa una urgente llamada de atención sobre cómo redes criminales globalizadas aprovechan vulnerabilidades sistémicas y ponen en riesgo la seguridad, la economía y la cohesión social.

Europol explica que la inmigración ilegal constituye un fenómeno explotado sistemáticamente por organizaciones delictivas para obtener beneficios millonarios. Durante 2024 estas redes evolucionaron hacia estructuras descentralizadas, escalables y sin respeto por las fronteras. Lo más grave para España reside en el foco que el informe pone sobre las rutas africanas, que convergen directamente en nuestras costas como puerta principal de entrada a la Unión Europea.

A través de un gráfico, Europol detalla rutas clave como la del Mediterráneo Occidental y la Atlántica, con origen en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia o Mauritania. No se trata de caminos de desesperación humana; son verdaderas autopistas del crimen organizado donde se venden transporte, guías, alojamiento en tránsito y documentos falsos. El informe revela con todo tipo de detalles la rentabilidad de este negocio ilícito: pasaportes falsos cuestan entre 1.000 y 3.000 euros, documentos falsificados entre 500 y 3.000 euros, y «matrimonios de conveniencia» entre 1.000 y 2.500 euros para de esta forma optar a una regularización más rápida en suelo español. En rutas hacia España, la agencia revela que los precios llegan a alcanzar hasta los 27.500 euros en fraudes documentales en algunos casos individuales.

Detalla también cómo España soporta la mayor parte de estos flujos africanos por su posición geográfica y por políticas migratorias europeas que, en la práctica, resultan insuficientes. Subraya la «globalización de las redes criminales»; cada segmento de la cadena —reclutamiento en África, tránsito y explotación en Europa— lo gestionan actores locales subcontratados, mientras los cabecillas operan desde fuera de la UE. Así, las organizaciones se adaptan con rapidez a cualquier obstáculo y mantienen su actividad incluso tras golpes policiales parciales. En 2024, Europol detectó además un incremento de la violencia como herramienta habitual. Amenazas, secuestros, palizas, abusos sexuales y torturas sirven para extorsionar a inmigrantes y familias. Muchos de estos actos ocurren en aguas cercanas a nuestras costas o en territorio español; el informe no los cuantifica, pero la persistencia de los flujos lo sugiere con claridad.

La amenaza, sin embargo, no termina en las rutas africanas. El documento también señala dinámicas intraeuropeas que facilitan entradas ilegales secundarias hacia España desde países como Francia o Alemania. Inmigrantes originarios de Europa del Este o países no comunitarios transitan por centros como Francia o Alemania y terminan en destinos occidentales como España. El mapa muestra flechas intraeuropeas desde Italia, Grecia o los Balcanes hacia Francia y Alemania, con posibles ramificaciones hacia España. En el espacio Schengen, donde los controles internos brillan por su ausencia, estos flujos secundarios permiten que inmigrantes ilegales entrados por otros países se desplacen a España sin apenas obstáculos.