Solicitud de rectificación de Rubén Sánchez (LO 2/1984). Se hace constar conforme al artículo 85 de la LOPDGDD que la noticia no refleja el estado actual.
Un nuevo atestado de la Guardia Civil ha desvelado que el periodista Román Cuesta, colaborador habitual de Canal Red —la televisión vinculada a Pablo Iglesias—, y el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, habrían intervenido en la circulación de datos personales procedentes de una supuesta red activa en Telegram y en la red social X, dedicada a exponer información privada de terceros.
La investigación, que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona y ha sido avanzada por OkDiario, parte de un sumario que supera las 600 páginas. En él se analizan posibles delitos relacionados con la revelación de secretos, amenazas y actuaciones motivadas por razones ideológicas. Según la documentación, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Barcelona detectó un patrón repetido: primero se difundían datos personales en canales digitales y, posteriormente, esos contenidos eran amplificados por figuras públicas y medios afines.
El origen del procedimiento se sitúa en una denuncia presentada el 25 de abril de 2025 por un músico de Valladolid. El afectado, líder de un grupo de metal con posicionamientos políticos de derechas y una notable presencia en redes sociales, aportó pruebas que acreditaban la difusión sin consentimiento de información sensible como su domicilio, teléfono fijo o matrícula de vehículo, publicados meses antes, en julio de 2024.
A raíz de ese material, los investigadores concluyen que determinados perfiles actuaban como fuente inicial de datos, mientras que otros actores contribuían a darles mayor visibilidad mediante artículos o publicaciones extensas. En este sentido, el nombre de Román Cuesta aparece vinculado a varios textos en los que se identificaba a usuarios anónimos o se detallaban aspectos personales de individuos señalados por su ideología. Incluso el propio periodista habría reconocido indirectamente la colaboración con otros participantes en mensajes publicados en redes.
La documentación también recoge ejemplos concretos. Uno de ellos se refiere a la publicación, en abril de 2025, de un artículo donde se desvelaban nombre, apellidos, lugar de residencia y empleo de un usuario de X.
En paralelo, la investigación incorpora a Rubén Sánchez dentro de esta dinámica, aunque con matices. El análisis de un teléfono intervenido a un funcionario de prisiones detenido en 2025 reveló intercambios de correos electrónicos y mensajes con el dirigente de FACUA. En esos contactos se compartían archivos e informaciones relacionadas con la identificación de usuarios anónimos en redes sociales, entre ellos uno conocido como «Capitán Bitcoin».
No obstante, la propia Guardia Civil señala que, por el momento, no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente a Sánchez con los hechos denunciados por la víctima principal. Aun así, considera que los indicios encontrados justifican su inclusión en el procedimiento, a la espera de la evolución de la causa y la posible conexión con otras investigaciones abiertas.
El informe policial también identifica a tres presuntos autores materiales de la obtención inicial de los datos: un usuario de Tarragona, otro detenido en Málaga y un funcionario penitenciario arrestado en Asturias. Este último ya había tenido antecedentes disciplinarios en su entorno laboral.
Desde el punto de vista jurídico, los investigadores encuadran los hechos dentro del delito de odio, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que amplía su alcance a situaciones de discriminación por motivos ideológicos, incluso sin que las víctimas pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables.
Por su parte, Rubén Sánchez ha rechazado cualquier conducta ilícita. Defiende que su actividad se limita al ámbito del periodismo de investigación y que trabaja exclusivamente con información accesible públicamente. Además, asegura que suele consultar con asesoramiento legal antes de difundir contenidos y sostiene que ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de personas vinculadas a la «extrema derecha», sin que ninguna haya derivado en condena.
El dirigente de FACUA también afirma haber recibido amenazas de muerte y subraya que, en algunos casos, quienes se presentan como víctimas lo hacen tras haber sido identificados por él en investigaciones previas. En relación con el caso concreto de «Capitán Bitcoin», sostiene que su identidad ya había sido revelada con anterioridad por otras personas interesadas en emprender acciones legales.
Con todos estos elementos sobre la mesa, será ahora el juzgado el encargado de determinar el grado de implicación de cada uno de los investigados y esclarecer si la difusión de esos datos constituye o no un delito.
