El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (PP), ha subvencionado con un total de 1.136.150,87 euros a la asociación Facua de Rubén Sánchez desde el 5 de noviembre del año 2020, cuando la Consejería de Salud y Consumo decidió subvencionar con 77.201,60 euros a esta federación.
El grupo de consumidores en acción que dice luchar contra los abusos de empresas y gobiernos es conocido por sus numerosas polémicas en redes sociales y su presencia habitual en los juzgados, donde denuncian todo tipo de irregulares o actos presuntamente delictivos en redes sociales como «injurias» o «calumnias».
En julio de 2021, tal y como reveló el diario ABC, Rubén Sánchez fue condenado a a pagar las costas del juicio iniciado a instancias de una demanda que interpuso contra el mismo periódico por una información en la que contaba que había sido condenado junto al responsables de redes sociales de la Policía Nacional por llamar «tarada» y «mascota» a una mujer .
El activista jamás ha tenido reparo en mostrar sus opiniones políticas, y se ha opuesto en numerosas ocasiones al Partido Popular y a VOX. Con Pablo Casado de líder, criticó que el PP pidiese una reducción del IVA para Canarias, teniendo en cuenta que ese impuesto no existe en las islas. «Casado pide el IVA superreducido para el sector turístico canario. En Canarias no hay IVA«, escribió el dirigente de la asociación de consumidores. Además, se movilizaron en manifestaciones contra los gobiernos de PP y VOX en lugares como Castilla y León, donde defendieron que estaban en riesgo «los valores democráticos».
Según OkDiario publicó en 2022, Facua admitió en sus actas irregularidades contables y engaños a sus socios. Entre otras anomalías, la asociación confesó haber cobrados cuotas indebidas, y haber contabilizado mal el número de sus asociados —uno de los factores determinantes a la hora de solicitar y recibir subvenciones públicas—.
También se relató en aquellas actas de Facua Andalucía y de Facua Nacional la complicada situación vivida después de haber recibido una reclamación de cobro de más de 600.000 euros de los abogados que representaron a la asociación en los procesos mercantiles y penales contra Fórum y Afinsa.
