Un nuevo informe elaborado por el experto en seguridad y terrorismo José María Gil Garre sitúa en un nivel «crítico» la amenaza yihadista contra los soldados españoles en Ceuta y advierte de una probabilidad «alta» de atentado. El documento, fechado el 27 de septiembre, vincula ese diagnóstico con la confluencia de una campaña de hostilidad en redes sociales, agresiones contra efectivos militares y alertas sobre la posible presencia de grupos radicalizados con capacidad para actuar. La clasificación corresponde a la valoración del autor y no constituye una declaración oficial del nivel de alerta de las autoridades españolas.
El análisis sostiene que los militares se han convertido en un objetivo de una propaganda que los presenta como integrantes de un «ejército de ocupación» y les atribuye supuestas atrocidades contra civiles. Según Gil Garre, las noticias falsas y las imágenes descontextualizadas alimentan una justificación de la violencia, mediante mensajes que transforman las acusaciones de abusos en llamamientos a la venganza. El experto identifica una secuencia de deslegitimación, indignación y deshumanización que, a su juicio, prepara a determinadas audiencias para aceptar o celebrar ataques contra los soldados.
La preocupación del autor trasciende el contenido de esos mensajes. El informe describe un salto desde la propaganda hacia la coordinación y el hostigamiento, con comunidades digitales que comparten información sobre la presencia y los movimientos de militares y policías. Gil Garre sostiene que la combinación de observaciones, vídeos y comunicaciones entre usuarios puede proporcionar un conocimiento del dispositivo español aprovechable por actores violentos. Como episodio central de esa escalada, recoge una emboscada en Benzú el 27 de agosto que, según el documento, dejó cuatro soldados heridos y un vehículo militar destruido.
La advertencia más grave procede de información obtenida mediante fuentes humanas que el analista considera de alta fiabilidad. Estas alertan de la entrada en Ceuta de al menos dos grupos yihadistas sin conexión entre sí, uno de ellos con instrucciones de cometer una acción de elevada letalidad y con soldados españoles como objetivo prioritario. El informe también recoge la supuesta infiltración de al menos doce yihadistas durante las entradas de julio. Estas afirmaciones forman parte de la evaluación de inteligencia del autor, que reconoce que la información de sus fuentes no se presenta como hecho documental en todos sus extremos.
El documento incorpora, además, un análisis de veinte piezas gráficas y audiovisuales en las que identifica amenazas, reivindicaciones territoriales, exaltación de la fuerza militar y simbología compatible con propaganda yihadista. No obstante, el propio informe delimita el alcance de esas evidencias: ninguna permite establecer por sí sola una autoría estatal, una pertenencia organizativa o una cadena de mando común. También precisa que las representaciones de prácticas religiosas de militares no constituyen, aisladamente, un indicador de yihadismo o de intención violenta.
Ante ese escenario, Gil Garre considera insuficiente la respuesta institucional y reclama reforzar la protección de los efectivos, mejorar la coordinación con las fuerzas de seguridad y clarificar las reglas de actuación. Sus recomendaciones incluyen formación específica, comunicaciones fiables, información actualizada sobre posibles amenazas y apoyo psicológico a los militares que sufren agresiones. El experto insiste asimismo en proteger los datos sobre sus desplazamientos y mantener una vigilancia continuada de los mensajes de incitación para anticipar el paso de la amenaza digital a la violencia.
