Santiago Abascal no se equivocó en La Revuelta: un informe del Gobierno confirmó en 2025 que casi el 82% de los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción Social en Baleares son extranjeros. El Informe de Rentas Mínimas de Inserción en España 2025, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, detalla los datos de perceptores de estas prestaciones autonómicas (en Baleares conocida como Renta Social Garantizada o RESOGA). En las Islas Baleares, de un total de 1.881 titulares, 1.541 son extranjeros (81,92 %), frente a solo 340 españoles (18,08 %). Por sexos, entre los extranjeros hay 974 mujeres y 567 hombres; entre los españoles, 216 mujeres y 124 hombres.
La tasa de percepción entre los extranjeros residentes es del 0,57%, mientras que entre los españoles es del 0,03%. Esto contrasta con la composición demográfica de la comunidad: según el padrón, la población extranjera representa alrededor del 21,7% del total (unos 270.891 sobre 1.249.844 residentes), muy por debajo de su peso entre los beneficiarios de la renta mínima de inserción.
Estos datos oficiales del propio Gobierno central respaldan la afirmación que Abascal realizó en su reciente entrevista en La Revuelta con David Broncano, en un contexto de debate sobre inmigración, vivienda y prestaciones sociales. Algunos espacios de verificación o programas como El Comité interpretaron la cifra como referida al Ingreso Mínimo Vital estatal (donde el porcentaje de extranjeros en Baleares ronda el 30%), pero el informe ministerial de 2025 sobre las rentas mínimas autonómicas confirma exactamente el 81,92% para la prestación balear.
La Renta Social Garantizada es una ayuda autonómica gestionada por el Gobierno de las Islas Baleares, complementaria y subsidiaria del IMV estatal, con requisitos de empadronamiento y residencia. El informe también refleja que Baleares es una de las pocas comunidades que ha aumentado su inversión en estas prestaciones en los últimos años, aunque el número total de beneficiarios ha descendido significativamente desde la implantación del IMV.
El dato llega en un momento de debate político sobre el acceso a las ayudas públicas en el archipiélago, donde PP y VOX han impulsado medidas para exigir residencia legal y periodos mínimos de estancia, con el objetivo de limitar el acceso a personas en situación ilegal. El informe del Ministerio de Derechos Sociales aporta cifras oficiales que sitúan el peso de los extranjeros entre los perceptores de la renta mínima de inserción en Baleares muy por encima de su proporción en la población.
