El Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado a licitación un contrato cuyo valor estimado asciende a 308.740,38 euros para financiar actividades socioculturales dirigidas a los inmigrantes acogidos en el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Alcobendas (Madrid). Entre las prestaciones incluidas en los pliegos figuran excursiones mensuales durante los fines de semana, visitas a monumentos históricos, jornadas en espacios naturales, salidas a la nieve y actividades recreativas con transporte privado y entradas financiadas con dinero público.
El contrato es promovido por la Dirección General de Gestión Migratoria, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La licitación contempla una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prorrogar el servicio durante otros dos años. De esta manera, el presupuesto inicial de 154.370,19 euros, sin IVA, podría duplicarse hasta alcanzar los 308.740,38 euros si se ejecuta la prórroga prevista.
Uno de los aspectos más llamativos de la contratación aparece recogido en el apartado de actividades de ocio y tiempo libre del pliego de prescripciones técnicas. La Administración establece que la empresa adjudicataria deberá organizar, al menos, una salida mensual durante los fines de semana, preferentemente los sábados, con salida del centro a las 10:00 horas y regreso a las 19:00 horas. No se trata de una previsión genérica, sino de un calendario que recoge expresamente doce excursiones, una por cada mes del año, con destinos concretos y visitas culturales y turísticas.
Un calendario de excursiones por distintos puntos de Madrid y sus alrededores
En enero, los inmigrantes podrán realizar una excursión a Toledo, con visitas al Alcázar, la Catedral y distintos puntos de la ciudad. En febrero, el programa contempla una salida a la nieve en Navacerrada o Cotos. Marzo incluye una jornada en Segovia, con visitas al Alcázar, la Catedral, el Acueducto y el Palacio de la Granja. En abril, el destino será Aranjuez, donde está prevista una visita al Palacio, sus jardines y la ribera del Tajo.
Para mayo, los pliegos recogen una excursión a Manzanares el Real, con visita al Castillo de los Mendoza y La Pedriza. En junio, la actividad se trasladará a La Boca del Asno, mientras que en julio se contempla una jornada en la playa fluvial del río Alberche.
El calendario continúa en agosto con una visita a las piscinas naturales de Las Presillas, en Rascafría; en septiembre, con una excursión al Valle de la Barranca; y en octubre, con una visita al monasterio de El Escorial y al bosque de La Herrería. En noviembre, los residentes podrán desplazarse hasta Alcalá de Henares. Finalmente, diciembre incluye una jornada especial por Madrid durante la Navidad, con visitas a la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, Madrid de los Austrias y el Barrio de las Letras. El documento establece que estas excursiones deberán contar con transporte privado en autobús para el grupo y contempla los gastos de entradas a los monumentos, museos y recintos incluidos en las actividades.
Más de 106.000 euros en costes salariales
La documentación económica permite conocer cómo se distribuye el presupuesto inicial de 154.370,19 euros, sin IVA. La partida más elevada corresponde a los costes salariales, que alcanzan los 106.504,22 euros, aproximadamente el 69% de la base imponible. A esta cantidad se suman 19.000 euros en costes materiales, destinados a cubrir las necesidades de las actividades y los talleres previstos. Los costes indirectos ascienden a otros 21.335,72 euros, mientras que la empresa adjudicataria contempla un beneficio empresarial de 7.530,25 euros.
La suma de estas partidas alcanza los 154.370,19 euros de base imponible. Al incorporar los 32.417,74 euros correspondientes al IVA del 21%, el presupuesto total de la contratación para los dos primeros años se sitúa en 186.787,93 euros. En caso de ejecutarse la prórroga, el valor estimado total alcanzaría los ya mencionados 308.740,38 euros, sin IVA. Es decir, el contrato representa un compromiso económico potencial de más de 77.000 euros anuales antes de impuestos.
Talleres, actividades deportivas y «atención específica a menores»
El programa tampoco se limita a las excursiones. Los pliegos contemplan 2.000 horas anuales de dinamización sociocultural y otras 300 horas anuales destinadas específicamente a actividades de ocio para los menores residentes.
Para desarrollar el servicio, la empresa adjudicataria deberá aportar un profesional a jornada completa con titulación de Técnico Superior en Animación Sociocultural, Técnico de Integración Social o Grado en Educación Social. Entre los requisitos figura también acreditar experiencia profesional de al menos dos años con solicitantes de protección internacional o población inmigrante, además de conocimientos de inglés o francés.
Asimismo, se prevé la participación de personal de monitorización para las actividades infantiles durante periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa y verano. Entre los contenidos formativos aparecen talleres relacionados con la legislación española, el funcionamiento de las instituciones, la sociedad democrática, la educación, la sanidad, la alimentación, la prevención de la violencia doméstica y la resolución de conflictos. También se incluyen actividades deportivas, manualidades y propuestas de ocio.
La contratación vuelve a poner sobre la mesa el volumen de recursos públicos que se destinan a los distintos servicios vinculados a la acogida de inmigrantes. La cuestión del gasto adquiere especial relevancia cuando se observa que la Administración ha diseñado un calendario completo de salidas, con visitas a enclaves históricos y naturales, y ha reservado recursos para financiar tanto el personal como los materiales y la organización de estas actividades.
Además, aunque el contrato establece las prestaciones que debe ofrecer la empresa adjudicataria, la documentación económica no permite conocer cuánto cuesta individualmente cada excursión, cuál es el gasto por residente ni cuántas personas participarán efectivamente en cada salida. Estos datos serían necesarios para evaluar el coste real por beneficiario y medir la eficiencia de los recursos empleados.
El Gobierno justifica estas actuaciones en objetivos de integración y convivencia. No obstante, la dimensión económica del contrato plantea una cuestión sobre las prioridades del gasto público: ¿qué criterios utiliza la Administración para determinar cuánto dinero destina a estos programas y cómo evalúa los resultados obtenidos a cambio?
