La ONG Quórum Social 77 continuó facturando por un mena que permanecía hospitalizado tras quedar tetrapléjico en un accidente en un centro de Fuerteventura y el responsable del servicio que intentó reforzar los controles fue cesado semanas después.
Un correo electrónico remitido el 17 de marzo de 2025 por una responsable de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias confirmó que se habían abonado 46.592 euros durante ese periodo. Quórum se negó a rectificar las facturas y defendió los cobros alegando que había realizado 31 actuaciones relacionadas con el joven, entre ellas acompañamientos a intervenciones médicas, atención educativa y un traslado a Barcelona para recibir tratamiento. El 4 de abril otro correo advertía de que las facturas de ambos centros habían sido remitidas para su firma sin descontar esas cantidades.
El episodio no sólo plantea dudas sobre la facturación de una plaza concreta. Pone sobre la mesa una cuestión mucho más importante: cómo pudo una entidad gestionar durante años una parte sustancial de la atención a menas con un sistema de supervisión pública que, según los propios testimonios incorporados a la investigación, tenía dificultades incluso para comprobar quién estaba realmente en los centros.
Cientos de millones y un control administrativo insuficiente
Quórum Social 77 recibió cientos de millones de euros de fondos públicos desde 2020 y llegó a atender a cerca de 3.000 menas. Las aportaciones podían situarse entre los 90 y los 110 euros diarios por plaza. Un volumen económico de esta dimensión exigía controles rigurosos, inspecciones efectivas y una comprobación permanente de los servicios facturados.
Sin embargo, David Jesús León Suárez, antiguo responsable del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores, explicó a la Policía que la Dirección General recibía numerosas incidencias, pero no disponía de personal suficiente para inspeccionar los centros. También reconoció que había firmado facturas sin poder verificar personalmente la presencia de todos los menores incluidos en ellas.
El problema alcanzaba incluso a los jóvenes fugados. Según el testimonio de León, las entidades podían continuar facturando durante meses por plazas de menores que ya no estaban en los recursos. Una situación difícilmente compatible con una gestión rigurosa del dinero público.
La investigación también recoge denuncias sobre inspecciones que se comunicaban con cuatro o cinco días de antelación. Un antiguo director de centro aseguró que no se realizaban visitas sorpresa y un testigo protegido atribuyó a trabajadores de la propia Dirección General los avisos previos. El atestado policial de enero de 2026 apunta, además, a que responsables de Fortaleza I habrían ocultado a menores con lesiones antes de algunas inspecciones de la Fiscalía y de la Administración.
Los testimonios recogidos en la causa también describen una relación de proximidad entre Quórum y responsables de las administraciones que debían supervisar su actividad.
Un antiguo director de uno de los centros afirmó que la entidad resolvía con rapidez las necesidades de la Dirección General, al encontrar instalaciones y personal cuando la Administración lo necesitaba. En su declaración atribuyó a la directora general, Sandra Rodríguez, una frase que reflejaría esa dependencia: “No puedo estar mal con Delia porque me ha resuelto muchas urgencias”.
Más llamativo resulta el testimonio de un antiguo cocinero de la organización. Según relató, cuando acudían al centro funcionarios de relevancia del Cabildo o de la Dirección General, la presidencia de la entidad pedía preparar comidas especiales con langostinos, aguacate con langostinos y vino de primera calidad. También aseguró que, cuando se planteaba si los recursos económicos eran suficientes, la respuesta era que se pidiera más dinero.
