Un inmigrante de origen pakistaní no entrará en prisión tras beneficiarse de una rebaja de condena por agresión sexual a una menor. Se trata de un frutero que, según la sentencia dictada en la Ciudad de la Justicia de Valencia, vio cómo su pena se reducía drásticamente de los catorce años iniciales a solo dos, gracias a su confesión de los hechos. El condenado, que regentaba un puesto de frutas, evitó así el ingreso efectivo en prisión, ya que las condenas de esta duración suelen suspenderse en España cuando no existen antecedentes penales graves.
Los hechos ocurrieron en un ascensor de Moncada, en la comarca de l’Horta Nord (Valencia), donde el hombre abusó sexualmente de la hija de 15 años de unos clientes habituales de su negocio. La menor fue abordada en el interior del elevador, un espacio que el agresor conocía bien por su actividad diaria en la zona. La agresión, calificada inicialmente como agresión sexual con penetración, generó una fuerte conmoción en la localidad y en el entorno familiar de la víctima.
Durante el juicio, el frutero decidió confesar los cargos, lo que activó el atenuante de confesión y permitió un acuerdo que rebajó considerablemente la petición fiscal. La acusación particular, ejercida por la letrada Cristina Sintes, mostró reticencias iniciales, pero finalmente se retiró la agravante de uso de violencia pese a que la agresión implicaba un contexto coercitivo. El tribunal aceptó la conformidad y dictó la nueva pena, que incluye además medidas como la prohibición de acercarse a la víctima.
La reacción del padre de la menor fue de absoluta indignación. Al conocer la sentencia, el hombre irrumpió en los pasillos del juzgado gritando que aquello «no era justicia» y que se tomaría la revancha por su cuenta, intentando incluso acceder a la sala. Tuvo que ser calmado por los presentes sin necesidad de intervención policial, pero su desahogo reflejó el profundo malestar de la familia ante lo que consideran una respuesta judicial insuficiente para el daño causado a su hija.
Este caso ha reabierto el debate sobre la aplicación de atenuantes como la confesión en delitos graves contra menores y sobre la efectividad real de las condenas leves en materia de abusos sexuales. Mientras el condenado podrá seguir en libertad condicional bajo ciertas condiciones, la víctima y su entorno enfrentan las secuelas de un trauma que, según los familiares, no ha recibido la reparación proporcional que esperaban de la Justicia.
