Un jubilado llamado Ricardo lleva más de tres años viviendo en una furgoneta frente a su propia casa, situada en el municipio tinerfeño de Arona, mientras los inquilinos permanecen en ella sin abonarle el alquiler, según ha denunciado a OkDiario. Tiene 68 años, una discapacidad reconocida del 60% y una pensión de unos 450 euros. Aunque dispone de una resolución favorable y el desalojo está previsto para el próximo 30 de noviembre, teme que las nuevas medidas del Gobierno en materia de vivienda retrasen la recuperación de su único inmueble.
Los Servicios Sociales han reconocido su situación de vulnerabilidad, pero, según relata, no le han proporcionado una alternativa habitacional. Tras abandonar su empleo en la construcción y jubilarse, sus dificultades económicas se han agravado. «Vivo en un furgón y ellos están viviendo en mi casa como reyes y sin pagar», lamenta Ricardo, que asegura haber recibido como respuesta de la Administración que no existen opciones disponibles para alojarlo.
El conflicto tiene su origen en septiembre de 2022, cuando él y su entonces mujer acordaron verbalmente alquilar la vivienda durante un año. Después de separarse, comunicó a los arrendatarios que necesitaba instalarse en ella. Según su testimonio, estos le prometieron en varias ocasiones que buscarían otro domicilio, pero no lo hicieron y dejaron de pagar en diciembre de 2023. La mensualidad pactada ascendía a 600 euros e incluía los suministros de electricidad y agua.
Ricardo calcula que la cantidad adeudada rondará los 23.000 euros, de acuerdo con su estimación de las rentas pendientes y las actualizaciones del IPC. En mayo de 2024 solicitó asistencia jurídica gratuita e inició la reclamación judicial. Según la información publicada, obtuvo una primera resolución favorable en julio de 2025 y otra en julio de 2026, con el lanzamiento señalado para el 30 de noviembre. Esa fecha le había permitido confiar en que pronto podría dejar el vehículo y regresar a su hogar.
Ahora, el propietario y su abogada estudian si las medidas del Ejecutivo pueden afectar a la ejecución del desahucio. Su temor es que los arrendatarios aleguen vulnerabilidad económica y falta de otro alojamiento para solicitar una suspensión. No consta en la información aportada que el lanzamiento haya sido paralizado ni que se haya determinado cómo incidiría la nueva normativa en este procedimiento.
El jubilado sostiene que los inquilinos son una pareja marroquí y acusa al hombre de trabajar como mecánico sin declarar sus ingresos, una afirmación que no aparece acreditada en la documentación descrita. Asegura que denunció esa actividad, aunque no se consiguió constatar en el momento de la inspección. Mientras espera que se cumpla la resolución judicial, insiste en que también él necesita protección: «No soy un gran tenedor, es mi única vivienda».
