El Ayuntamiento de Verges, (Gerona) ha sido obligado a colgar la bandera española en su fachada tras un auto de ejecución de sentencia dictado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de la provincia, después de que el consistorio, controlado por los separatistas de las CUP, ignorara los requerimientos judiciales y presentara sucesivos recursos para retrasar la medida.

El origen del pleito se remonta a un requerimiento de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, que exigió al ayuntamiento que cumpliese la ley en materia de símbolos. La primera sentencia data de hace un año, pero el consistorio alegó diversos argumentos para no acatarla. Entre ellos, la excusa de que «no hay espacio donde colocar la enseña española».

Según publica El Confidencial, el juez en su último auto, ordena el cumplimiento inmediato. Según la resolución judicial, se debe restablecer la bandera española y catalana en la fachada del consistorio y retirar símbolos como las banderas esteladas colgadas en farolas, que contravienen la normativa legal.

Verges, con algo más de 1.100 habitantes, es conocida por ser el pueblo natal de Lluís Llach, actual presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y donde su padre ejerció como alcalde durante el franquismo entre 1950 y 1963.

El abogado del consistorio, el exdiputado Benet Salellas, presentó en octubre pasado un escrito de alegaciones donde denunciaba la supuesta «incoherencia» de Impulso Ciudadano, que pedía «restituir la bandera española a su lugar institucional» y luego denunciaba «la no presencia de esta bandera». La sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestimó estos argumentos, calificándolos de irrelevantes.

Salellas había asegurado en junio que «ni la señera ni la bandera del Reino de España nunca han ondeado en la fachada del Ayuntamiento». Sin embargo, testimonios de exalcaldes y fotos acompañadas a la denuncia demostraron que sí se colgaba la bandera española de manera esporádica.

En enero de 2025, la plataforma separatista Acción Antifascista Països Catalans colocaba una bandera estelada en el balcón del ayuntamiento, mientras el consistorio permitía otras insignias independentistas en el mobiliario público. Salellas intentó justificarlo alegando que la bandera «no ocupaba lugar institucional».

El auto judicial del 28 de enero concluye que «no existe obstáculo procesal para exigir el cumplimiento inmediato e íntegro de la medida”, obligando al consistorio a restablecer las banderas legales y retirar los símbolos partidistas.