La rebaja de las penas de la malversación puesta en marcha por Sánchez ha empezado a repercutir en causas de corrupción.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso Acuamed al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas.
En un auto del pasado 29 de diciembre, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indique si, «a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario».
En la rama de Acuamed instruida en la Audiencia Nacional se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juzgado dirigido por Manuel García Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.
Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.
La fase de instrucción debía haber concluido el pasado 29 de diciembre pero ese mismo día el magistrado de refuerzo la amplió tres meses, hasta el 29 de marzo, precisamente para dar tiempo a que el Ministerio Público valorara el impacto de la reforma de la malversación en Acuamed.
«Esta nueva norma contempla la reforma del artículo 432 del Código penal, modificando además de su contenido los límites penológicos», lo que «podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación a sumario», explica Gadea.
A ello añade que, «de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que, en todo caso, se debería efectuar con todas las garantías necesarias para no verse afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción».
En este sentido, pone de manifiesto «la necesidad de tener un marco procesal adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, y que en el caso de revelarse algún dato pudiera efectuarse con todas las garantías».
