El Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por un presunto delito de prevaricación omisiva relacionado con su actuación ante la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos del pasado 30 de julio. La apertura del procedimiento se produce después de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.
La organización llevó el caso hace aproximadamente una semana ante el Juzgado Decano de Ceuta al considerar que Pérez Triano pudo incurrir en una «imprudencia grave» al no adoptar las medidas necesarias para impedir la entrada pese a disponer, según sostiene la denuncia, de información previa proporcionada por los servicios de inteligencia.
Una de las principales bases utilizadas por Manos Limpias es la reciente comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Defensa del Congreso. El sindicato sostiene que las palabras de la titular de Defensa acreditarían que las autoridades en Ceuta fueron advertidas antes de que se produjeran los acontecimientos en la frontera.
Durante aquella intervención parlamentaria, Robles explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había emitido una alerta el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Según lo expuesto, los servicios de inteligencia manejaban información que apuntaba a que alrededor de 180.000 personas podían estar preparándose para intentar acceder irregularmente a territorio español desde Marruecos coincidiendo con la celebración del Día del Trono.
Manos Limpias considera que el delegado del Gobierno conocía, por tanto, el riesgo existente con suficiente antelación. En su denuncia sostiene que la ausencia de una respuesta adecuada podría constituir una omisión de las obligaciones inherentes a su cargo y llega a encuadrar los acontecimientos dentro de un posible «delito contra la independencia y seguridad del Estado español».
La apertura de diligencias previas supone el inicio de la investigación judicial y no implica que Pérez Triano haya sido condenado ni que los hechos denunciados hayan quedado acreditados. El procedimiento deberá determinar ahora qué información recibió exactamente el delegado del Gobierno antes del 30 de julio, qué decisiones adoptó tras conocer las advertencias y si su actuación puede tener relevancia penal.
