La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas (Sevilla) ha decidido incoar diligencias previas tras admitir a trámite la querella presentada por VOX contra el histórico exalcalde socialista de la localidad, Francisco Toscano, y contra el también socialista Francisco Salazar, por presuntas irregularidades en la contratación de este último durante su etapa en el Ayuntamiento nazareno.
Según la formación querellante, Salazar habría sido incorporado al consistorio entre 2012 y 2017 con un sueldo mensual de 2.000 euros, pese a que durante ese mismo periodo, sostienen, residía y trabajaba en Madrid. Allí habría desempeñado funciones en la sede central del PSOE en la calle Ferraz y, posteriormente, en La Moncloa, lo que implicaría un supuesto fraude al erario municipal, ya que no habría asistido a su puesto en Dos Hermanas.
La jueza instructora, María del Valle Rivera, ha ordenado que la Guardia Civil asuma la investigación para esclarecer los hechos, considerando que en el escrito inicial no se aportan pruebas suficientes y que es necesario ampliar la instrucción para determinar la viabilidad real del procedimiento. La magistrada ha solicitado a los agentes que requieran documentación oficial al Ayuntamiento y que, si lo consideran oportuno, interroguen tanto a los denunciados como a testigos bajo las debidas garantías legales.
Como parte del proceso, el juzgado ha exigido a VOX una fianza de 3.000 euros para ejercer la acción popular en esta causa. El auto fue emitido el pasado martes 29 de julio y no es firme, por lo que las partes pueden presentar recurso de apelación.
Desde VOX Sevilla, el responsable de Acción Judicial, Fernando Rodríguez Galisteo, ha celebrado la apertura de diligencias, subrayando que se abre la puerta a investigar si Salazar cobró durante años de fondos públicos locales mientras trabajaba, presuntamente, para el PSOE a nivel nacional. «Se trata de averiguar si hubo una contratación fantasma sufragada por los vecinos de Dos Hermanas», ha señalado en un comunicado.
Francisco Salazar, que recientemente renunció a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y a un puesto de asesor en Presidencia del Gobierno tras verse envuelto en otra polémica relacionada con su comportamiento hacia mujeres de su entorno laboral, vuelve así al foco judicial.
