La Justicia ya se plantea imputar a Pedro Sánchez por todos los casos de corrupción que acorralan a su entorno más cercano, tanto político como familiar. Aunque por ahora no hay pruebas concluyentes que permitan formular una acusación formal, distintas fuentes jurídicas reconocen que los indicios apuntan ya al núcleo de poder de La Moncloa y, concretamente, al presidente del Gobierno, según avanza Libertad Digital.
Desde la investigación sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, pasando por el presunto trato de favor en el rescate de Air Europa, la adjudicación sospechosa de contratos públicos durante la pandemia, el aterrizaje irregular de Delcy Rodríguez, el supuesto enchufe de su hermano David en una institución pública, hasta la polémica sobre la creación de una cátedra universitaria a medida para su pareja, todos los caminos conducen, directa o indirectamente, a Sánchez. En cada uno de esos episodios, según sostienen voces judiciales, el presidente tenía interés directo o responsabilidad funcional.
Una de las mayores inquietudes en la carrera judicial no es solo la posible implicación penal del jefe del Ejecutivo, sino las consecuencias institucionales de una hipotética solicitud de suplicatorio al Congreso. En caso de que el Tribunal Supremo decidiera abrir una causa formal contra Sánchez, el Parlamento —donde el PSOE y sus socios mantienen la mayoría— debería autorizar el proceso. Pero crece el temor a que esa mayoría se utilice como escudo político para frenar cualquier intento de investigarlo judicialmente.
«Existe un miedo real a una confrontación entre poderes del Estado sin precedentes recientes», advierte una fuente del ámbito judicial. «No se puede descartar que el Congreso se niegue a tramitar el suplicatorio, lo que supondría paralizar cualquier causa judicial contra el presidente mientras siga en el cargo». Una maniobra así colocaría a España ante un posible escenario de impunidad institucional y desequilibrio democrático.
La Constitución, advierten los expertos, no ofrece una solución tajante en casos como este. Y si bien el ordenamiento jurídico establece procedimientos para investigar a altos cargos, en la práctica la vinculación entre el poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria convierte esa posibilidad en algo casi inviable. «Sería una demostración de que el Parlamento no solo no fiscaliza al Gobierno, sino que actúa como su escudo judicial», lamenta otra voz judicial.
Este clima de tensión ha comenzado ya a reflejarse en algunos procedimientos. El caso de Begoña Gómez, instruido por el juez Peinado, ha sido limitado en varias ocasiones por órganos superiores como la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo, lo que algunos interpretan como una señal de que se intenta frenar su avance.
Pero el caso más delicado, y que podría romper el equilibrio institucional, es el de Air Europa. Según documentos remitidos por el magistrado Leopoldo Puente, instructor del Supremo, las decisiones que permitieron la millonaria ayuda pública a la aerolínea superaban las competencias del entonces ministro José Luis Ábalos. Lo que lleva a la conclusión de que la autorización debió contar con el visto bueno, o incluso el impulso directo, del presidente del Gobierno.
Si ese extremo se confirma, y el procedimiento avanza, la imputación de Sánchez dejaría de ser una posibilidad remota. «Si no se puede investigar al máximo responsable del Ejecutivo por decisión del Legislativo, el sistema de separación de poderes quedaría seriamente dañado», apuntan las fuentes consultadas. La imagen internacional de España también sufriría, al proyectarse como un país donde los controles institucionales son meramente decorativos.
Este posible bloqueo parlamentario, unido a las acusaciones de injerencias políticas en el poder judicial y a iniciativas legislativas como la conocida como «ley Bolaños», ha reforzado entre jueces y fiscales la percepción de que se está erosionando gravemente la independencia judicial. «Sería el colapso de los contrapesos democráticos», concluyen.
