Hace más de diez años fui a hacer una gestión a mi ayuntamiento. Era en pleno puente de agosto: el de la Asunción de la Virgen. Delante había dos inmigrantes que preguntaron qué había que hacer para empadronarse. «Tener contrato de alquiler y pasaporte en vigor», respondió la funcionaria que estaba en el mostrador.
Cuando me tocó mi turno —iba simplemente a entregar una instancia— miró al cielo en plan: «No te puedes imaginar los que vienen». Nos conocíamos de vista. Habíamos intercambiado alguna vez un saludo.
Enseguida me hice una pregunta: si a mediados de agosto, en apenas un minuto, un par de personas preguntaban para empadronarse… ¿cuántas personas lo hacen a lo largo del año? Entonces no lo supe, pero me hice un firme partidario de lo que ahora se denomina «prioridad nacional» y que ha puesto de moda VOX.
No lo he entendido nunca. ¿Por qué los ayuntamientos tienen que empadronar a gente que ha entrado ilegalmente en el país? ¿Acaso las corporaciones municipales no forman parte del Estado? ¿No son una Administración pública? En 2010, el Ayuntamiento de Vic se negó a empadronar a todos los que venían sin papeles. En esa época ya tenían más de un 25% de población extranjera.
El alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, era de CiU, más concretamente de Unió. De esos que luego se pasaron al proceso. Pero la medida no la había adoptado unilateralmente, sino que fue aprobada en el pleno también con los votos del PSC y ERC. Era una medida absolutamente lógica: informar a la Policía Nacional de todos aquellos que no tenían los papeles en regla. Por el revuelo que se armó tuvieron que echarse para atrás.
Recuerdo, en concreto, las crónicas de medios progresistas como El País y El Periódico. Las direcciones del PSC y de Esquerra presionaron a sus respectivas agrupaciones locales, que acabaron rectificando. Allí, en cierta forma, se jodió la política de inmigración en España. Ahora en Vic ya hay más de un 30% de población extranjera, según datos oficiales: 15.000 personas de 50.000. Pero todo el mundo sabe que son más porque los sin papeles no salen, los nacionalizados tras diez años de residencia legal dejan de salir y los hijos de familias magrebíes tampoco salen.
En Martorell (Barcelona) oficialmente es un 16,75%. Pero el otro día oí al alcalde por la radio y admitió que, en realidad, era un 35%. Por otra parte, empadronarse da derecho automáticamente a educación y sanidad gratis. Además de prestaciones sociales.
Recuerdo una entrevista a Marine Le Pen, en una entrevista en el 2014 en La Razón, en la que ya dijo que la única forma de regular la inmigración era evitando darles «escolarización gratuita, vivienda, sanidad, ayudas múltiples». Más razón que un santo. Que una santa, en este caso. Fue hace doce años. O sea que imagínense la cantidad de gente que ha venido desde esa fecha. Ya sólo faltaba la regularización de Sánchez, que no es una regularización, es una legalización. No vayamos a asumir también el lenguaje de la izquierda.
Los que critican aquello de «primero los de casa» van a la sanidad privada, no viven en barrios con mucha inmigración y llevan a sus hijos a escuelas concertadas o privadas. Es otro mundo. Lo que más me duele es que, al resto, nos acusen de insolidarios, de ser malas personas, de no tener corazón o incluso de ser unos racistas de tomo y lomo. Esa superioridad moral de la izquierda.
Se han lanzado en tromba. El director de El Plural, Chema Garrido, decía el otro día en X que cualquiera que pensara así era un «racista asqueroso». El ministro Ángel Víctor Torres (Política Territorial) afirmaba que el pacto PP-VOX en Extremadura era «excluyente, xenófobo, antisocial» y no sé cuántas cosas más. Mientras Patxi López aseguraba que «eso no es política, es indignidad». Lo que me faltaba por ver, el dirigente socialista vasco dando lecciones de dignidad.
¿»Prioridad nacional»? Por supuesto. Desde luego. Faltaría más. Hay que defenderla a capa y espada. Cuando Meloni aprobó los centros de detención en Albania a mí me pareció una medida durísima. Ahora la defiende hasta la UE. Hasta Starmer o Sánchez se han fotografiado con la primera ministra italiana. Lo que no puede ser es aprobarla en Extremadura y en Aragón, y luego defenderla con la boca pequeña. O incluso no defenderla en el Congreso. Esos complejos atávicos en el Partido Popular pueden marcar su futuro.
