Un hombre de 26 años y nacido en Marruecos se sienta este jueves y viernes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma acusado de agredir sexualmente a una paciente de 59 años mientras ambos permanecían ingresados en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental del Hospital Can Misses de Ibiza, según recoge El Debate.
La Fiscalía solicita para el procesado 14 años de prisión, además de diez años de libertad vigilada y su expulsión de España una vez cumplidas dos terceras partes de la condena, con prohibición de regresar durante una década.Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la noche del 18 al 19 de marzo de 2025.
Según el escrito del Ministerio Público, la víctima se encontraba ingresada por un cuadro de desorientación temporespacial compatible con abstinencia alcohólica y aquella noche estaba profundamente sedada después de recibir un refuerzo de su medicación.
Había entrado previamente en habitaciones de otros pacientes
La Fiscalía sostiene que horas antes de la presunta agresión el acusado había mostrado una conducta «alterada e invasiva» con otros pacientes. El hombre habría entrado en varias habitaciones que no le correspondían e incluso se habría duchado en una de ellas.
Sobre las 18.29 horas se acercó a la víctima e invadió su espacio personal mientras le hablaba al oído. El personal sanitario intervino entonces para reconducirlo hasta su habitación y advirtió, según el relato de la acusación, que presentaba una erección.
La mujer comunicó al personal que se había sentido «molesta e invadida» y solicitó cambiar de habitación para no pasar la noche sola. La petición, según la Fiscalía, no fue atendida.
La Fiscalía sostiene que entró de madrugada en su habitación
Poco antes de medianoche, el procesado habría abandonado nuevamente su estancia y entrado en la habitación en la que dormía la víctima. El Ministerio Público sostiene que aprovechó que la mujer se encontraba bajo los efectos de la medicación para tumbarse sobre ella y penetrarla vaginalmente. La víctima se despertó durante la presunta agresión y comenzó a manifestar que no quería mantener relaciones sexuales.
Según el escrito fiscal, el acusado la habría girado entonces para penetrarla analmente. La mujer presentó posteriormente cuatro excoriaciones en la región vulvar, que necesitaron una primera asistencia médica y le ocasionaron 30 días de perjuicio personal básico, además de consecuencias negativas sobre su estado anímico.
Nadie detectó la entrada pese a las cámaras
La Fiscalía pone también el foco sobre la actuación del propio hospital. Según su escrito, «a pesar del sistema de vigilancia por cámaras» y de la presencia del personal sanitario, nadie detectó que el procesado había entrado en la habitación.
Tampoco se habrían adoptado medidas adicionales pese a los episodios protagonizados por el acusado durante las horas anteriores. Por ello, el Ministerio Público reclama la responsabilidad civil subsidiaria del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) al considerar que existió un «funcionamiento anormal de su servicio».
Diagnosticado de esquizofrenia
El acusado está diagnosticado de esquizofrenia, una circunstancia que tendrá también relevancia durante el juicio. Los informes citados por la Fiscalía indican que en el momento de los hechos presentaba sintomatología psicótica crónica, pero que ésta no anulaba su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.
La defensa mantiene una interpretación diferente sobre el alcance de su enfermedad y ha alegado que el procesado era inimputable.
Corresponderá al tribunal determinar tanto si los hechos ocurrieron en los términos sostenidos por la acusación como el grado en que el trastorno psiquiátrico pudo afectar a su responsabilidad penal.
30.200 euros de indemnización
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual agravada por la especial vulnerabilidad de la víctima, en concurso con un delito leve de lesiones.
Además de los 14 años de prisión, reclama 20 años de inhabilitación para profesiones o actividades relacionadas con menores, 15 años de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y diez años de libertad vigilada. La Fiscalía pide también que el acusado indemnice a la mujer con 200 euros por las lesiones físicas y 30.000 euros por los daños morales.
Asimismo, solicita su expulsión del territorio español después de cumplir dos terceras partes de la pena y la prohibición de entrada en España durante diez años.
El juicio se celebra este 1 y 2 de octubre en Palma y deberá esclarecer también si existieron fallos de seguridad en el Hospital Can Misses que facilitaron que el acusado pudiera acceder a la habitación de la paciente pese a sus comportamientos previos.
