Grandes empresas multinacionales vuelven a rentabilizar el modelo de las energías renovables en zonas donde el Ministerio para la Transición Ecológica ya había frenado proyectos por sus graves impactos ambientales. El caso más reciente se produce en la comarca del Matarraña (Teruel): en julio de 2025 el MITECO dictó Declaración de Impacto Ambiental desfavorable a los parques eólicos Arlo, Céfiro, Paucali y Argestes, impulsados por Capital Energy (Green Capital). La resolución argumentaba afecciones críticas a hábitats prioritarios, Red Natura 2000 y el valor paisajístico de la zona. Pocas semanas después estallaron los incendios del verano pasado. Ahora, en julio de 2026, apenas dos semanas antes de que el fuego vuelva a arrasar las mismas sierras, la empresa ha reactivado una versión modificada del proyecto, con menos aerogeneradores pero en los mismos parajes que motivaron el rechazo.

La secuencia no es nueva. En 2023 el mismo Ministerio tumbó el parque eólico Ágata (110 MW y 19 aerogeneradores de más de 200 metros) en Peguerinos (Ávila), promovido también por Green Capital Development. La infraestructura de evacuación afectaba espacios protegidos de San Martín de Valdeiglesias y la IBA El Escorial-San Martín de Valdeiglesias. La DIA negativa se basó en impactos «críticos e inasumibles» sobre avifauna, hábitats y paisaje. Hoy, mientras las llamas calcinan esas mismas sierras de Ávila y Madrid, el patrón de rechazo ambiental seguido de incendios se repite con inquietante regularidad.

El problema de fondo, avanzado por el investigador y cronista Carlos Sánchez en X, es el fraude generalizado en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Fernando Samper Rivas, presidente y dueño de Forestalia, y Eugenio Domínguez Collado, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del MITECO, están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, organización criminal y blanqueo. La trama habría manipulado el sistema de evaluación para que decenas de proyectos eólicos y solares de Forestalia obtuvieran DIAs favorables de forma irregular. El caso más mediático es el Clúster del Maestrazgo, el mayor complejo eólico en tramitación de España, con alrededor de 52 proyectos de la compañía bajo sospecha, muchos situados precisamente en las comarcas de Teruel y Zaragoza más golpeadas por los incendios de 2025 y 2026.

Forestalia obtiene un beneficio adicional y directo del fuego: la madera quemada llega a sus plantas de biomasa a precios de «saneamiento», muy inferiores a la madera sana, y a menudo con ayudas públicas para su retirada. El precedente más claro se produjo el año pasado en el Bierzo, cuando la madera de los incendios se destinó a la central de Cubillos del Sil, propiedad de la empresa. El fuego, lejos de ser sólo una catástrofe ecológica, se convierte en materia prima barata y rentable.

El coste de la extinción multiplica por diez el de la prevención. Mantener el monte sin limpiezas ni quemas controladas favorece incendios cada vez más virulentos. En varias comunidades autónomas los medios de extinción están privatizados, lo que cierra el círculo de incentivos perversos. El resultado es un modelo en el que el territorio que arde genera negocio para unos pocos mientras los ciudadanos y el erario asumen las pérdidas millonarias.

Mientras las llamas siguen avanzando por las sierras de Teruel que en 2025 sirvieron de argumento para tumbar el megaproyecto, las mismas empresas vuelven a la carga con versiones «modificadas». La pregunta que queda en el aire es si el sistema de evaluación ambiental está realmente protegiendo el medioambiente o si, una vez más, el fuego abre la puerta que la burocracia había cerrado.