Un menor migrante no acompañado (mena) ha desvelado que su padre es policía en Marruecos y pagó el coste total de su viaje a España, según recoge un informe atribuido a la Asociación Quorum Social 77 y difundido en redes sociales por el usuario @CanarioToday. El documento, elaborado dentro del seguimiento del joven para su traslado a la Península, detalla que el menor procede de Zagora, en Marruecos, y que su entorno familiar permanece en su país de origen.

El informe señala que los progenitores del menor están casados y conviven en Marruecos con el resto de sus hijos. Según el texto, el padre desempeña funciones como agente de policía en el Sáhara, mientras que la madre se ocupa de la gestión del hogar familiar. También consta que el joven mantiene contacto con su familia de origen y que cuenta con red familiar en Europa, concretamente un hermano en España.

La parte más llamativa del documento aparece en el apartado relativo a la situación en el país de origen. En él se afirma que fue el padre quien propuso al menor iniciar el proceso migratorio y quien asumió el coste completo del desplazamiento. El joven, según el informe, aceptó la propuesta y realizó el viaje acompañado por un amigo de la familia mayor de edad.

La información reabre el debate sobre el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados en Canarias y sobre los criterios utilizados para valorar cada caso individual. El documento recoge que el menor no tenía ocupación laboral, presentaba un rendimiento medio y no había registrado incidencias, pero también evidencia que no se trataría de un joven sin vínculos familiares ni contacto con su entorno de origen.

La publicación ha generado polémica porque, según la denuncia difundida junto al informe, el mantenimiento del menor supondría un coste anual de más de 34.000 euros públicos para la Administración canaria.

El caso plantea varias preguntas sobre el control administrativo de estos expedientes: si se comprueba de forma suficiente la situación familiar real de los menores, si se analiza quién financia los viajes y si existen mecanismos eficaces para detectar posibles rutas organizadas de entrada ilegal en España. En el fragmento conocido no se identifica expresamente a ninguna mafia ni se detalla a quién se abonó el dinero del desplazamiento, aunque sí queda reflejado que el padre habría costeado el viaje.

La documentación difundida también introduce otro elemento relevante: el menor contaría con un hermano en España, lo que refuerza la necesidad de aclarar cómo se evalúan las redes familiares existentes antes de decidir su tutela, acogida o traslado dentro del territorio nacional.

El informe de Quorum Social 77, de confirmarse íntegramente, aporta un nuevo ejemplo de la opacidad que rodea algunos expedientes de menores migrantes en Canarias, una comunidad sometida desde hace años a una fuerte presión migratoria y a un elevado gasto público en recursos de acogida. La Administración, por el momento, tendría que aclarar si conocía estos datos, qué valoración hizo de ellos y si influyeron en la tramitación del caso.