El Gobierno de Pedro Sánchez ha oficializado un respaldo financiero de cerca de 340 millones de euros para la construcción de una gran planta desaladora en Casablanca (Marruecos), mientras mantiene su hoja de ruta para recortar el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital para el campo de Alicante, Murcia y Almería, según informa El Debate.
La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, participó en la ceremonia institucional de apoyo al proyecto, adjudicado a un consorcio liderado por la empresa española Acciona. La infraestructura está llamada a convertirse en la mayor desaladora de África, con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos anuales.
El respaldo del Ejecutivo español se articula a través de tres instrumentos públicos: un crédito de 250 millones de euros del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), un seguro de crédito de CESCE que cubre hasta el 80% de un tramo de 70 millones, y un préstamo de 31 millones del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) de COFIDES.
El proyecto se presenta oficialmente como parte de una estrategia de cooperación bilateral para reforzar los vínculos económicos e institucionales con Marruecos y como una respuesta al llamado «estrés climático». Sin embargo, la decisión ha provocado indignación entre los regantes del sureste español, que denuncian el contraste entre la generosidad hídrica del Gobierno fuera de España y los recortes que aplica dentro de sus propias fronteras.
La paradoja es evidente: mientras Moncloa facilita financiación millonaria para dotar a Marruecos de nuevas infraestructuras de agua, las provincias españolas que dependen del Tajo-Segura afrontan una situación crítica. Según los datos oficiales recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses de Alicante se sitúan al 50,79%, los de Murcia al 35,14% y los de Almería apenas al 12,05%.
A ese escenario de escasez se suma la decisión del Ejecutivo de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura mediante un incremento de los caudales ecológicos. En la práctica, esa medida reducirá de forma drástica el volumen de agua transferible hacia el sureste peninsular, una zona clave para la producción agroalimentaria española.
Para los regantes, el recorte no es una simple cuestión técnica, sino un hachazo a una infraestructura vital. El trasvase sostiene desde hace décadas buena parte de la actividad agrícola de Alicante, Murcia y Almería, territorios que abastecen a mercados nacionales y europeos y que dependen de una política hídrica estable para mantener su competitividad.
El malestar se ha extendido entre las administraciones y el sector agrario del sureste, que denuncian una doble vara de medir del Gobierno. La crítica principal es que Moncloa respalde con fondos públicos grandes obras hidráulicas fuera de España mientras reduce el agua disponible para las provincias que dependen del Tajo-Segura.
Desde el ámbito agrario se considera una «incoherencia y agravio» que el Gobierno impulse infraestructuras hídricas en Marruecos mientras miles de agricultores, regantes y familias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía afrontan restricciones crecientes. El reproche apunta a una política sin visión de Estado, que favorece proyectos estratégicos en el exterior mientras deja en situación de asfixia a una de las zonas agrícolas más productivas de Europa.
La indignación también ha llegado al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Su presidente, Lucas Jiménez, ha calificado la estrategia del Gobierno como una «traición de primer nivel». Los regantes consideran inaceptable que el Ejecutivo busque financiación para interconexiones de cuencas en Marruecos —competidor directo del campo español— mientras desmantela un sistema de trasvases consolidado en España.
Jiménez denuncia además que la gestión del agua se ha convertido en una moneda de cambio político en la que el sureste español siempre sale perdiendo. Los regantes recuerdan que el Tajo ha llegado a enviar a Portugal excedentes hídricos muy superiores a las obligaciones legales, sin que ese caudal se aprovechara para aliviar el déficit de las cuencas receptoras nacionales.
