La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el denominado caso Plus Ultra ha vuelto a poner bajo presión política al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, especialmente, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que durante años defendió públicamente la concesión de 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea.
El rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La ayuda se dividió en un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.
Desde entonces, Montero sostuvo de forma reiterada que la operación cumplía todos los requisitos legales. La dirigente socialista aseguró recientemente en el Senado, durante su comparecencia en la comisión sobre la gestión de la SEPI, que «se había procedido según la legalidad» y recordó que el préstamo había sido investigado durante años por los tribunales antes de la reapertura de las diligencias.
Ya en 2021, apenas un mes después de aprobarse el rescate, llegó a afirmar en sede parlamentaria que «no dar una ayuda a una empresa que cumple los requisitos es prevaricación«. En otra comparecencia en el Congreso defendió que Plus Ultra era una empresa «estratégica» para España por su actividad en el sector turístico y del transporte aéreo.
También el propio Sánchez salió en defensa de la operación. El presidente del Gobierno aseguró en diciembre que los rescates a las aerolíneas durante la pandemia se realizaron con «total pulcritud» y conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional ha vuelto a situar bajo sospecha política y judicial aquel rescate. El juez José Luis Calama sostiene que la vía de influencia articulada presuntamente a través de Zapatero tuvo un «papel predominante» para lograr la aprobación de la ayuda pública.
El caso resulta especialmente polémico por las dimensiones reales de la compañía. Pese a que el Ejecutivo la calificó como “estratégica”, Plus Ultra apenas representaba el 0,03% de las operaciones aéreas registradas en España antes de la pandemia y operaba fundamentalmente rutas con Perú, Venezuela y Ecuador. Diversas informaciones apuntan además a que en aquel momento la aerolínea contaba únicamente con un avión operativo.
La oposición cuestionó desde el inicio la decisión del Gobierno y denunció que la compañía no reunía los requisitos para acceder al fondo público diseñado para empresas estratégicas afectadas por la pandemia. Las sospechas crecieron posteriormente por los vínculos de parte del accionariado con empresarios venezolanos y por las investigaciones sobre presuntos movimientos de fondos y comisiones vinculadas al rescate.
Ahora, con Zapatero imputado y la Audiencia Nacional investigando una presunta red de tráfico de influencias alrededor del rescate, el foco político vuelve a dirigirse hacia el Gobierno que autorizó la operación y hacia quienes defendieron durante años su «legalidad» y carácter «estratégico».
