La investigación judicial contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra se mantuvo en suspenso hasta la celebración de las elecciones andaluzas para evitar un impacto político sobre el PSOE. Así lo sostienen fuentes de la investigación citadas por El Mundo, que apuntan a que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción decidieron aplazar la operación policial pese a disponer ya del atestado de la UDEF que sustentaba la imputación del exlíder socialista.
El magistrado sitúa a Zapatero como el «vértice» de una supuesta estructura criminal relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. En el auto judicial se le atribuye un «liderazgo estratégico» y el mantenimiento de «contactos institucionales y empresariales de alto nivel». El expresidente está imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en organización criminal.
La operación se activó finalmente tras los comicios andaluces. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el despacho de Zapatero en Madrid, definido por el juez como el «centro de coordinación de la red», además de la empresa Whathefav, vinculada a sus hijas, y otras dos mercantiles relacionadas con la causa.
Según las fuentes consultadas, la UDEF entregó el pasado miércoles en la Audiencia Nacional el informe policial que justificaba tanto la imputación como las diligencias de entrada y registro. La Fiscalía Anticorrupción respaldó la operación e incluso solicitó el registro del domicilio particular del expresidente, aunque el juez rechazó finalmente esa medida.
Las mismas fuentes sostienen que tanto el juez Calama como la fiscal Anticorrupción Elena Lorente optaron por retrasar el operativo para evitar interferencias políticas en la cita electoral andaluza. La decisión responde a una práctica habitual en determinados procedimientos con fuerte impacto institucional, donde se evita adoptar medidas judiciales de gran repercusión en plena campaña o antes de unas elecciones.
La figura de Zapatero apareció en la investigación a raíz de las primeras diligencias practicadas por la Audiencia Nacional tras recibir comisiones rogatorias de Francia y Suiza. En el análisis del material intervenido en las oficinas de Plus Ultra surgió el nombre de Julio Martínez Martínez, alias «Julito», considerado por los investigadores hombre de máxima confianza del expresidente socialista.
La investigación pasó posteriormente por los juzgados de Plaza de Castilla después de que la Audiencia Nacional se declarara inicialmente no competente en noviembre de 2024. Anticorrupción continuó entonces las pesquisas mediante diligencias preprocesales hasta volver a judicializar el caso a finales de 2025. Para ese momento, según las fuentes del caso, el papel de Zapatero ya era central en las investigaciones y los registros practicados al entorno de Julio Martínez reforzaron las sospechas de los investigadores.
Nunca antes un expresidente del Gobierno español había sido imputado en una causa de corrupción. Pese a ello, el PSOE ha cargado contra la actuación judicial tras conocerse la imputación de Zapatero, mientras el ex secretario general socialista volvió a defender públicamente su inocencia.
